Las centrales sindicales UGT, CSIF y SIEP han denunciado el aumento de las llamadas designaciones “a dedo” en la Administración del Gobierno de Cantabria, que identifican como un crecimiento de las comisiones de servicio y otras figuras de personal elegido por criterios discrecionales en las consejerías. En un comunicado, sostienen que se trata de una práctica que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que deben regir el acceso al empleo público en la comunidad autónoma.
Los sindicatos señalan que, desde hace varios meses, reclaman la eliminación de las comisiones de servicio excepcionales, que por normativa deberían aplicarse únicamente en situaciones puntuales y urgentes, pero que, en su opinión, se han convertido en una vía habitual de cubrir puestos de trabajo. Critican que bajo el argumento de “necesidades inaplazables” se ocupen plazas sin convocatoria pública ni procedimiento garantizado, lo que, a su juicio, genera perjuicio al personal funcionario y aumenta la conflictividad laboral.
En el último cuatrimestre, las tres organizaciones señalan que se han registrado 89 comisiones de servicio excepcionales, una cifra que consideran especialmente preocupante dada la falta de pruebas y transparencia asociadas a muchas de esas designaciones. Además, advierten de que, mientras se espera la resolución de un concurso de méritos convocado hace casi un año, continúan abriéndose comisiones sin cubrir previamente las plazas mediante procedimiento competitivo, lo que, según explican, desnaturaliza el uso excepcional que la normativa atribuye a esta figura.
Los sindicatos también critican que, en algunos casos, funcionarios que han obtenido su destino en procesos de oposición o concurso quedan “atascados” en sus puestos de origen, lo que permite que otros cargos con menor puntuación ocupen las plazas que deberían corresponderles por mérito, vulnerando así el principio de igualdad y de acceso a la carrera interna. Asimismo, subrayan que comisiones que, por ordenamiento, tienen un límite de tres meses se prolongan en la práctica sin un control efectivo, respaldadas por informes cuya justificación califican de “cuestionable” en numerosas ocasiones.
Por otro lado, UGT, CSIF y SIEP han criticado la futura convocatoria de plazas de conductor de consejero como personal laboral, que se prevé abrir mediante oposición libre, en lugar de permitir la participación del personal fijo mediante concurso de méritos o promoción interna. Las organizaciones consideran que esta decisión vulnera el derecho del personal laboral que ya cuenta con la categoría profesional y los requisitos necesarios para acceder a estos puestos, y que refuerza la percepción de que los procesos de selección se ven condicionados por criterios no técnicos ni públicos.
Los sindicatos insisten en que la Administración no ha ofrecido explicaciones motivadas a pesar de que las organizaciones han exigido en sucesivas reuniones una justificación clara y fundamentada de esta forma de plantear las convocatorias. En su lectura, esta situación corrobora que, en vez de consolidar un modelo de carrera profesional protegido, se prioriza un esquema de gestión de personal que, en sus palabras, “no es propio de una Administración pública que respete los derechos de sus empleados ni los principios constitucionales que deben regir el empleo público”.
Por todo ello, UGT, CSIF y SIEP han exigido la suspensión inmediata de las comisiones de servicio excepcionales, así como la modificación “urgente” de la normativa para garantizar procedimientos de selección ágiles, transparentes y plenamente alineados con los principios de igualdad, mérito y capacidad. Asimismo, reclaman la apertura de un proceso real de negociación con las organizaciones sindicales, tras señalar que la falta de respuesta por parte del Gobierno ha derivado, según arguyen, en la judicialización constante de los conflictos durante la legislatura, lo que califican como un claro deterioro del diálogo social en la Administración de Cantabria.
