El STEC, sindicato mayoritario de trabajadores de la Educación Pública en Cantabria, ha expresado de forma contundente su hartazgo ante el autoritarismo y la forma unilateral con que el consejero de Educación, Sergio Silva, y su equipo de gestión están dirigiendo la Consejería. La organización ha decidido elevar sus quejas al ámbito judicial, reclamando el amparo de los tribunales para garantizar el pleno ejercicio de las libertades sindicales y poder seguir desarrollando con normalidad democrática su labor de fiscalización de las políticas educativas y de defensa de los derechos del colectivo docente.
En primer lugar, el sindicato señala una ausencia reiterada de respuestas a sus peticiones de información, ejercidas en el marco de funciones reconocidas por la normativa vigente. A modo de ejemplo, el STEC solicita al Director General de Personal Docente, Alberto Hontañón Talledo, información anonimizada sobre el tipo de comisiones de servicio concedidas al inicio de curso, pregunta a la que no se dio respuesta alguna. Asimismo, el sindicato recuerda que tampoco obtuvo contestación por parte de la Consejería cuando trasladó dudas del profesorado sobre la interpretación de los servicios mínimos aplicables durante la huelga, ni cuando planteó requerimientos sobre la distribución horaria de la carga burocrática derivada de diversos proyectos o programas impulsados por la Consejería de Educación sin asignación de horario específico.
En segundo lugar, el STEC denuncia la falta de atención a las alegaciones presentadas en el marco de procesos de elaboración normativa. Entre los casos citados figura el trámite de audiencia e información pública del Anteproyecto de Ley de Autoridad del Profesorado, así como el correspondiente a la Orden de Interinos. El sindicato subraya que esta última fue publicada dos días después de la finalización del plazo de alegaciones, lo que, a su juicio, evidencia un funcionamiento de la Consejería basado en la unilateralidad y en la desconsideración de las aportaciones sindicales, aun cuando la ley exige la garantía de participación en estos procedimientos.
Por último, el sindicato ha incorporado en la demanda la censura ejercida sobre el tablón sindical virtual establecido por la propia Consejería, una medida que ya fue denunciada públicamente recientemente. El STEC señala que pretende recuperar el servicio de correo que hasta la fecha permitía a la Junta de Personal Docente informar al colectivo de trabajadores y trabajadoras, antes de que la Consejería de Silva lo cerrara. Asimismo, la intención sindical es evitar que la administración educativa pueda volver a suprimir comunicaciones sindicales por criterios de adecuación o discrecionalidad, lo que considera una vulneración directa de los derechos de expresión y organización.
Los servicios jurídicos de STEC han incluido en la pieza demandada la constatación de que el acuerdo retributivo alcanzado con el Ejecutivo daba a Silva la oportunidad de reconducir la legislatura, corrigiendo un discurso percibido como dañino hacia la comunidad educativa, revirtiendo los aspectos más lesivos de los cambios impuestos de forma unilateral y abriendo la puerta a compromisos sencillos en materia de ratios, burocracia o actividades extraescolares. Sin embargo, el sindicato entiende que el consejero se mantiene encauzado en un modelo de autoritarismo y conflicto, que a su juicio perjudica de forma directa e innecesaria la Educación Pública y la relación con el colectivo docente.
