La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria ha decidido admitir el testimonio contra la mujer de Zaragoza que denunció en 2024 haber sido víctima de sumisión química y agresión sexual en un hotel de Santander, al tiempo que extiende la investigación a un amigo suyo que declaró como testigo en el procedimiento. En paralelo, la resolución confirma el sobreseimiento definitivo y sin cargos del varón al que la joven señaló como responsable de los hechos, al no apreciarse indicios de delito en las diligencias practicadas.
La decisión, plasmada en un auto del que informa Europa Press, ratifica el archivo provisional dictado por la juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Santander a finales del pasado año, tras constatar la ausencia de elementos probatorios que sustentaran la versión de la afectada. La magistrada había remitido ya las actuaciones contra la denunciante y el testigo a la Audiencia, a petición de la defensa del investigado, por indicios de un delito contra la Administración de Justicia.
El letrado del sobreseído, Fernando Pamos de la Hoz, había aportado pruebas clave como grabaciones de videovigilancia del establecimiento hotelero, que muestran a la mujer caminando con normalidad y sin signos de intoxicación al ingresar junto al hombre la noche del 14 de junio de 2024. Los informes periciales del Instituto de Medicina Legal de Cantabria y de la Unidad Central de Familia y Mujer (UFAM) de Zaragoza descartan cualquier rastro de amnesia o alteración de la conciencia en la joven, atribuyendo las sustancias detectadas —cocaína y benzodiacepinas— a un consumo voluntario.
La zaragozana presentó su denuncia ante la Policía Nacional de Zaragoza el 20 de junio de 2024, alegando una laguna de siete horas tras ingerir una sola bebida en una fiesta celebrada en un local santanderino durante una convención de la inmobiliaria Tecnocasa, donde trabajaba. Según su relato, despertó desnuda en la cama de su habitación de hotel con molestias físicas y marcas en las extremidades, lo que activó el protocolo de atención a víctimas de violencia sexual en el Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.
Sin embargo, las cámaras del hotel registraron su entrada lúcida, recordando incluso el número de su habitación, y los análisis toxicológicos posteriores no revelaron concentraciones compatibles con una administración fraudulenta de fármacos incapacitantes. La Fiscalía de Cantabria ha avalado el cierre de la causa contra el hombre al no persistir la acusación inicial y detectar posibles motivaciones espurias, posiblemente vinculadas al despido posterior de la denunciante en su franquicia de Tecnocasa tras formalizar la querella.
Esta no es la primera controversia judicial de la mujer: en Zaragoza enfrentó un procedimiento por denuncia falsa contra un compañero de trabajo, y la Audiencia Provincial aragonesa la condenó por un delito leve de amenazas al proferirlas contra su superior jerárquico con una imputación similar tras su cese laboral. Tales antecedentes han sido tenidos en cuenta en la valoración judicial cántabra sobre la credibilidad de su testimonio.
El hombre exonerado ha anunciado acciones penales contra la joven y su amigo, solicitando penas de al menos cuatro años de cárcel —dos por simulación de delito y otros dos por delito contra la integridad moral— y una indemnización de 250.000 euros por daños a su reputación derivados de la imputación de un delito tan grave como la agresión sexual con sumisión química. Este caso pone de manifiesto las dificultades probatorias en causas por sumisión química, donde elementos como peritajes forenses, registros audiovisuales y historiales clínicos resultan cruciales para discernir entre hechos reales y versiones inconsistentes.
La resolución de la Audiencia marca el fin de la vía contra el presunto agresor y habilita el trámite penal derivado en el juzgado de guardia competente, con posibles consecuencias significativas para la denunciante dada su reiteración en patrones similares de acusaciones laborales. El procedimiento resalta la importancia de la exhaustividad investigadora en delitos sexuales, equilibrando la protección a víctimas reales con la prevención de abusos del sistema judicial.
