Los representantes de las organizaciones agrarias ASAJA, COAG y UPA en Cantabria han elevado su voz contra las principales industrias lácteas de la región, a las que instan a recapacitar sobre la reciente reducción en el precio de recogida de la leche, que ha descendido 7 céntimos por litro en marzo hasta situarse en 0,36 euros. Esta medida ha encendido las alarmas en un sector ya golpeado por costes elevados de producción y márgenes cada vez más estrechos.
La protesta ha tomado forma concreta en las Siete Villas, donde ganaderos locales han llevado a cabo concentraciones frente a explotaciones ganaderas para visibilizar su malestar y exigir que las empresas reconsideren su política de precios. Los productores subrayan que esta bajada unilateral compromete la viabilidad económica de las granjas, especialmente en un contexto de incrementos en los gastos de alimentación, energía y mano de obra que no se han trasladado a la remuneración final.
Según los datos facilitados por las organizaciones agrarias, el precio medio pagado a los ganaderos cántabros por litro de leche en marzo se ha fijado en 0,36 euros, lo que supone un recorte significativo respecto a meses anteriores y agrava la situación de muchas explotaciones familiares que operan con beneficios mínimos o directamente en números rojos. Los representantes sindicales han advertido que esta tendencia pone en riesgo el futuro del sector lácteo regional, que cuenta con alrededor de 1.200 granjas activas en Cantabria y representa un pilar fundamental del medio rural.
El mensaje central de la movilización es claro: «Necesitamos un precio digno que cubra costes y permita vivir de la ganadería», han proclamado desde ASAJA Cantabria, que ha liderado las acciones en las Siete Villas junto a COAG y UPA. Estas organizaciones han criticado la desconexión entre los buenos resultados de las industrias transformadoras —que han visto incrementados sus márgenes gracias a la demanda de productos lácteos— y la precariedad que sufren los eslabones iniciales de la cadena.
Las protestas no se limitan a reivindicaciones simbólicas; los ganaderos han exigido medidas concretas como contratos con precios estables a medio plazo, cláusulas de revisión automática en función de costes de insumos y mayor transparencia en la formación del precio final al consumidor. En este sentido, han recordado precedentes recientes en los que la presión organizada ha forzado ajustes al alza por parte de las almazaras, aunque lamentan que la tendencia actual vaya en sentido contrario.
El sector lácteo cántabro, con una producción anual que ronda las 450.000 toneladas, enfrenta desafíos estructurales como el envejecimiento de los ganaderos, la disminución del número de explotaciones —que ha caído un 20% en la última década— y la competencia de producciones europeas con costes más bajos. Las organizaciones agrarias han instado al Gobierno de Cantabria a intervenir mediando con las industrias y promoviendo ayudas directas para paliar la crisis de rentabilidad.
Desde las Siete Villas, epicentro de la producción lechera en el interior de Cantabria, los ganaderos han alertado sobre el impacto social de estas políticas: cierre de granjas, despoblación rural y pérdida de tejido productivo que afecta a cooperativas, transportistas y servicios asociados. Han llamado a la unidad del sector para evitar una «desbandada» generalizada que dejaría despobladas extensas zonas rurales dependientes de la vaca lechera.
Las movilizaciones pretenden escalar en intensidad si no hay respuesta satisfactoria por parte de las industrias, con planes para extender las concentraciones a otros puntos de recogida y posibles cortes en rutas de suministro. Mientras tanto, los productores siguen entregando leche a diario, pero con el temor de que la tendencia de precios continúe a la baja en abril, lo que podría precipitar concursos de acreedores en explotaciones al límite de su capacidad financiera.
Este conflicto refleja tensiones crónicas en la cadena láctea española, donde los ganaderos perciben apenas el 30-35% del precio final que paga el consumidor en supermercados. Las organizaciones agrarias han reclamado al Ministerio de Agricultura una reforma urgente de la Ley de Cadena Alimentaria que penalice prácticas abusivas de las grandes almazaras y potencie el asociacionismo para negociar en mejores condiciones colectivas.
La situación en Cantabria adquiere especial gravedad por su dependencia del sector primario: el 80% de la leche producida se destina a la industria regional, lo que amplifica el impacto de las decisiones unilaterales de las grandes receptoras. Los ganaderos confían en que la presión pública y la visibilidad mediática incline la balanza hacia una revisión inmediata de los precios de recogida.
