Las obras del polígono eólico de El Escudo han quedado paralizadas este martes como consecuencia de los recursos de alzada presentados por asociaciones ecologistas ante el Ministerio para la Transición Ecológica, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Delegación del Gobierno en Cantabria. La paralización se ha traducido en la suspensión de los trabajos en el parque, que está promovido por Biocantaber, una empresa participada por Iberdrola Renovables, Ocyener y Banco Santander, con una inversión estimada en 120 millones de euros.
Este complejo eólico, que se ubica en los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo, estaba previsto que entrara en funcionamiento en el segundo semestre de 2026, tras la generación de un entorno de 200 puestos de trabajo durante la fase de construcción. El proyecto contempla la instalación de 25 aerogeneradores con una potencia total de 105 megavatios, fuera de la zona de exclusión eólica de Cantabria, y, según estimaciones de los promotores, alcanzaría una producción equivalente al consumo anual de alrededor de 95.300 hogares, evitando la emisión de unas 45.000 toneladas de CO2 cada año.
El polígono recibió autorización en 2023 mediante resolución de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROU), lo que ha generado movilizaciones y oposición de colectivos vecinales y plataformas como Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio o Plataforma en Defensa del Sur de Cantabria, que han impulsado distintas acciones legales para su paralización. En abril de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ya desestimó el recurso presentado por la Asociación para la Defensa del Sur de Cantabria contra la autorización del parque en suelos no urbanizables, en un primer pulso jurídico que parecía reforzar la legalidad de la instalación.
No obstante, el 17 de marzo de 2026, la propia asociación ecologista señalaba en su web que el Ministerio comunicó el día 9 que la declaración de impacto ambiental, la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción del parque “tienen suspendida su ejecutividad desde el inicio”, argumento que ha alimentado la decisión de la Delegación del Gobierno de requerir la paralización de las obras. Por su parte, fuentes de Iberdrola han subrayado que el polígono cuenta con todos los permisos y trámites administrativos necesarios, incluida la declaración de impacto ambiental, y han recordado que han obtenido resoluciones favorables en recursos interpuestos por grupos ecologistas tanto en el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria como ante el Tribunal Supremo.
Según estas mismas fuentes empresariales, la suspensión de las actividades se debe exclusivamente a la petición y requerimiento de la Delegación del Gobierno, y no a la falta o invalidez de licencias, ya que los expedientes administrativos asociados al proyecto se encuentran, en su opinión, “hechos y aprobados”. El Gobierno de Cantabria, por su parte, ha remitido cualquier valoración al promotor, al tratarse de un proyecto de titularidad privada, lo que refuerza la postura de que la competencia principal en la gestión de los recursos y la tramitación administrativa recae en el ámbito estatal.
En este contexto, la paralización deja en suspenso el calendario de ejecución del polígono eólico de El Escudo, mientras se resuelven las cuestiones contenidas en los recursos de alzada y se determina la continuidad o no de las autorizaciones afectadas. El proyecto continúa representando un ejemplo de la tensión entre la implantación de infraestructuras de energía renovable y las demandas de protección paisajística y ambiental, con un debate que trasciende el ámbito técnico y político para implicar a amplios sectores de la sociedad cántabra.
