Tres de los nueve menores no acompañados alojados en la vivienda de acogida habilitada por el Gobierno de Cantabria en Castro Urdiales han sido trasladados este lunes a distintos recursos. Dos de ellos regresaron a los centros de Andalucía y Cataluña de donde procedían tras fugarse previamente, mientras que el tercero se ha derivado a otra ubicación en la comunidad autónoma más acorde con sus necesidades específicas, según ha confirmado la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río.
La consejera ha detallado que los traslados se produjeron tras una investigación exhaustiva de su situación por parte del Ejecutivo regional, que contactó con las comunidades autónomas originarias para coordinar el retorno de los dos primeros. Respecto al tercero, los técnicos sociales determinaron que un centro alternativo en Cantabria se ajustaba mejor a su perfil individual. Gómez del Río ha calificado los incidentes registrados el fin de semana en torno a la vivienda como un «acontecimiento aislado» y ha instado a la ciudadanía a evitar rumores o informaciones falsas que generen alarma injustificada.
En concreto, el sábado cinco menores abandonaron el centro sin permiso, lo que activó el protocolo de búsqueda con la colaboración de las fuerzas de seguridad para su localización y retorno. El domingo, otros cuatro repitieron la salida no autorizada y fueron hallados posteriormente. Al regresar, uno de los chicos protagonizó una discusión que derivó en la rotura accidental de un cristal en la puerta de la cocina, sufriendo un corte leve que requirió atención sanitaria básica. La consejera ha desmentido versiones que sugerían un intento de agresión a una educadora con el vidrio roto, como se apuntó en declaraciones políticas locales.
Ante las manifestaciones vecinales que rechazan la implantación de este tipo de centros para menores migrantes no acompañados, Gómez del Río ha expresado respeto por las opiniones disidentes, pero ha apelado a la responsabilidad colectiva para combatir bulos y alarmismo, recomendando fuentes de información verificadas. En paralelo, el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha subrayado la necesidad de priorizar la seguridad y protección de estos menores, lamentando que las protestas contribuyan a elevar la tensión y dificulten su integración normal.
Casares ha realizado un llamamiento explícito contra la instrumentalización política de colectivos extremistas y ha reafirmado el compromiso de la Delegación del Gobierno y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para apoyar al Gobierno autonómico —competente en la tutela de los menores— y a la Fundación Cuín, gestora del centro, en cualquier requerimiento operativo. Ambos responsables han coincidido en describir la situación actual en la vivienda como de «total normalidad», tras los eventos puntuales del fin de semana. Las declaraciones se produjeron en comparecencias públicas separadas: la de la consejera durante la presentación de las ‘Rutas Culturales Senior Cantabria’, y la del delegado en un minuto de silencio por el último caso de violencia machista registrado en Pedreña.
Este episodio se enmarca en el contexto de la acogida temporal de estos nueve menores en Castro Urdiales, medida adoptada por el Ejecutivo de PP para atender necesidades urgentes en materia de protección infantil, mientras persisten tensiones locales derivadas de la ubicación del recurso.
