El Ejecutivo autonómico ha constituido un comité de coordinación entre el sector público y privado para evaluar y mitigar los efectos del conflicto bélico en Irán sobre la región. Esta iniciativa, presidida por el consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, congregó en su sesión inaugural a responsables gubernamentales y líderes empresariales en el salón de actos de la Consejería, ubicado en el Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN).
La formación de este órgano responde a la necesidad de articular una respuesta coordinada y ágil ante la escalada de precios en materias primas energéticas derivada del conflicto. En lo que lleva de mes, el barril de Brent ha registrado un incremento del 50 por ciento hasta los 120 dólares, el gas natural ha subido un 63 por ciento, el diésel un 15,4 por ciento, la gasolina un 8,8 por ciento, la electricidad un 161 por ciento y el euríbor un 14 por ciento, lo que ya impacta en hogares y empresas de Cantabria.
Participantes clave del Gobierno y el tejido productivo
En la reunión participaron los consejeros de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media; de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos; y de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros. También acudió el director territorial del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) en Cantabria, Manuel Blanco.
Por el lado privado, el comité contó con la presencia del director general de CEOE-CEPYME Cantabria, Francisco Aguilera; el presidente de la Cámara de Comercio de Cantabria, Tomás Dasgoas; y representantes de clústeres sectoriales como GIRA (automoción), MARCA (marítimo), CID (industria de defensa), CINC (nuclear) e IF (investigación del fuego). Asimismo, intervinieron directivos de empresas como Solvay, Ferroglobe, Sidenor, Bondalti Cantabria, Global Steel Wire, Cementos Alfa, Reinosa Forgins & Castings, Vitrinor y Froxá, junto a ATA y TAEC en nombre de los autónomos, y delegados del sector primario, conservero y del transporte.
Medidas urgentes reclamadas al Gobierno central
El comité ha elevado una serie de demandas al Gobierno de España para la elaboración inmediata de un plan integral que salvaguarde a las familias y al tejido productivo nacional. Entre las propuestas figura la supresión del impuesto del 7 por ciento sobre la generación eléctrica, así como la rebaja del IVA del 21 al 10 por ciento durante tres meses prorrogables en facturas de electricidad, gas natural, biomasa, madera para leña, gasolina, gasóleo y gasóleo agrícola.
Se solicita además una bonificación del 11 por ciento en el precio por litro de combustibles de automoción y agrarios, aplicable a transporte de mercancías y viajeros, autotaxi, sector primario y embarcaciones no recreativas, por un periodo inicial de tres meses extensible. Otras reivindicaciones incluyen la actualización de parámetros del IRPF estatal para contrarrestar la inflación y evitar incrementos fiscales indirectos en los hogares, junto con una bonificación permanente del 80 por ciento en peajes de acceso a redes de transporte y distribución eléctrica para industrias electrointensivas.
Apoyo a la industria y transición energética
El grupo insta a elevar las compensaciones por costes de emisiones de dióxido de carbono hasta el 25 por ciento de lo recaudado, el límite permitido por la normativa europea, emulando políticas de Francia y Alemania para potenciar la competitividad de la industria española, especialmente la calor y electrointensiva. Eduardo Arasti ha criticado que España genere ingresos vía descarbonización a expensas de su sector industrial, mientras otros países compensan el doble o triple por estos costes.
Adicionalmente, se reclama la implementación en un mes de medidas para la cogeneración, como una subasta hasta 1.200 megavatios en el primer semestre de 2026 y la creación de un estatuto para consumidores calorintensivos que reconozca sus especificidades. Arasti ha calificado la iniciativa como «rápida, prudente, coordinada y responsable», enfatizando la importancia de escuchar a la sociedad civil, empresas, trabajadores, autónomos, agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas para anticiparse a un impacto económico aún difícil de precisar pero ya palpable.
