El Pleno del Parlamento de Cantabria celebró este lunes una sesión cargada de debates clave, donde los grupos mayoritarios –PP, PRC y PSOE– cerraron filas para endurecer las restricciones al uso de redes sociales por parte de los menores de 16 años, complementando la norma estatal con un plan regional integral que incluye talleres educativos, apoyo psicológico y campañas para padres.
Esta propuesta, impulsada por el PSOE a través de la diputada Norak Cruz, salió adelante con amplio respaldo, a pesar del voto en contra de Vox, que la ve como un intento de «ingeniería social». Cruz puso el foco en datos preocupantes: uno de cada cuatro chavales entre 14 y 18 años padece un consumo problemático de estas plataformas, lo que genera ansiedad, depresión, baja autoestima y trastornos del sueño. El texto aprobado insta al Gobierno a poner en marcha cursos sobre un uso crítico y seguro de internet, programas de ayuda mental para adolescentes, iniciativas de sensibilización familiar, proyectos de investigación en la Universidad de Cantabria y protocolos coordinados en colegios y centros sanitarios.
Desde el PP, Miguel Ángel Vargas aplaudió la iniciativa por encajar con las acciones ya en marcha en la región, bajo un enfoque multidisciplinar que involucra varias consejerías para planificar, vigilar y ejecutar medidas efectivas. Los regionalistas, con Paula Fernández al frente, pidieron además un control público de los algoritmos, mayor transparencia de las empresas tech y evaluaciones de riesgos para frenar la amplificación de odio o bulos, abogando por un plan autonómico con plazo razonable e integral. Vox, por boca de Natividad Pérez, cargó contra lo que considera una «obsesión adoctrinadora» del PSOE, insistiendo en que la responsabilidad del control recae en las familias y no en leyes que actúen como «padre sustituto».
Avance en el puerto de Castro Urdiales con informe técnico exigido
En paralelo, todos los grupos salvo la abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio respaldaron una moción de Vox para garantizar la seguridad y operatividad del puerto de Castro Urdiales, un enclave vital que arrastra problemas estructurales. La propuesta obliga al Gobierno a entregar en tres meses un informe técnico exhaustivo que evalúe el paramento vertical, muros, escaleras y rampas; un estudio hidrodinámico de la dársena interior para detectar corrientes y sedimentos; y un análisis de riesgos con medidas prioritarias.
Además, se pide que cualquier dragado vaya precedido de un informe bajo cota de agua, coordinar con el Ayuntamiento la erradicación de vertidos –aguas fecales, hidrocarburos, plásticos o residuos vegetales– con calendario concreto, e incluir el puerto en el Plan de Puertos 2025-2032 con fases claras, prioridades y seguimiento anual público. Otras demandas incluyen soluciones antideslizantes definitivas en accesos, eliminación de puntos negros y una zonificación de usos en el estudio de ordenación en curso.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, proyectó imágenes del deterioro actual y denunció «la vergüenza» de vertidos persistentes en 2026, exigiendo intervenciones inmediatas contra la inseguridad. El PP, con Juan José Alonso, replicó que Vox llega tarde, ya que el consejero de Fomento, Roberto Media, anunció la semana pasada la finalización en mayo de un proyecto de mejora por 1,5 millones, tras ampliar el inicial, confirmando que el puerto opera a pleno rendimiento. PRC, vía Javier López Estrada, tildó la moción de «excesivamente técnica» y urgió aprobar ya el Plan de Puertos, pendiente desde marzo de 2026. PSOE, con Pablo Zuloaga, defendió planificación plurianual con visión social y económica, rechazando «conflictos importados» en Castro Urdiales.
Silva frena cambios en calendario escolar sin consenso amplio
En el apartado de control, el consejero de Educación, Sergio Silva (PP), interpelado por el PSOE, garantizó que no habrá «decisiones estructurales» sobre el calendario bimestral 2026-2027 sin «consensos generales» en la comunidad educativa, descartando imposiciones «ni a las bravas ni por la puerta de atrás». Ante un curso complicado por festivos, Silva resaltó nueve reuniones este año con familias, concertada, directores y profesores, manteniendo 175 días lectivos y equilibrio entre periodos de clase y descanso, como dicta la ley.
Criticó a la Junta de Personal Docente por no participar constructivamente, creyéndose los únicos con voz en un tema que afecta a 90.000 personas, y cuestionó: «¿Qué ley del miedo impera aquí?». Anunció una tercera mesa sectorial tras la de esta mañana para buscar acuerdos, recordando que el modelo actual, desde 2016-2017, nunca respetó las ocho semanas alternas por cuestiones matemáticas, y carece de estudios independientes. El socialista Jorge Gutiérrez reprochó a Silva generar conflicto en un sistema consolidado tras diálogo previo, pidiendo rigor y respeto, ya que alterar fechas impacta programaciones, conciliaciones y actividades extraescolares.
Otras mociones: ocio inclusivo sí, halal no
Por unanimidad, se aprobó una moción del PRC para potenciar el ocio y tiempo libre de jóvenes con discapacidad intelectual, asegurando acceso equitativo, financiación presupuestaria, ratios inclusivas en contrataciones públicas –especialmente en municipios pequeños– y participación familiar. Rosa Díaz (PRC) lo presentó como un derecho esencial, no lujo, valorando avances pero pidiendo más flexibilidad; PP y PSOE sumaron enmiendas y apoyos, mientras Vox pidió detalles presupuestarios.
Vox se quedó sola en rechazar el menú halal en centros públicos, viéndolo como imposición cultural contraria a tradiciones españolas. PP negó problemas de convivencia en Cantabria; PRC aclaró que no sustituye el menú general ni impone credos; PSOE lo tildó de islamófobo.
La sesión, primera del mes, incluyó preguntas de la presidenta Buruaga sobre economía e inversiones, y de consejeros sobre teleférico de Vega de Pas, BIC del Molino del Ronzón o pisos turísticos.
