El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Cartes y el Gobierno de Cantabria se ha intensificado tras la orden firmada por la alcaldesa, Lorena Cueto (PSOE), que paraliza la actividad del centro de acogida para menores extranjeros no acompañados instalado en una vivienda del casco histórico. La regidora argumenta “irregularidades urbanísticas”, mientras la Consejería de Inclusión Social, que dirige Begoña Gómez del Río (PP), ha anunciado medidas legales para garantizar la continuidad del servicio.
El lunes 2 de febrero, Cueto rubricó una resolución que insta al Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) y a la Fundación Cuin —entidad encargada de la gestión— a detener de inmediato la actividad en el inmueble del Camino Real. Según el Consistorio, la vivienda no dispone de la declaración responsable necesaria para iniciar la actividad ni cumple con las condiciones de habitabilidad, al considerar que la casa solo puede albergar a seis personas, frente a las dieciocho previstas por el Ejecutivo autonómico.
El Ayuntamiento señala además que el uso del inmueble “no es compatible” con el suelo urbano del núcleo histórico y que debería situarse en terreno calificado como equipamiento. Por ello, advierte de posibles sanciones, precinto del edificio e incluso corte de suministros si no se respetan los plazos fijados para corregir las supuestas anomalías.
La consejera de Inclusión Social, por su parte, criticó públicamente la decisión y calificó la actitud de la alcaldesa como una “amenaza” a la protección de los menores. Gómez del Río aseguró que el centro cumple con la normativa vigente y recordó que la alcaldesa participó en una reunión con el delegado del Gobierno, Pedro Casares, para “calmar los ánimos”, aunque finalmente “ha hecho todo lo contrario”. La dirigente popular advirtió que “cortar la luz o el agua a personas vulnerables está prohibido” y confirmó que los servicios jurídicos del Gobierno ya han solicitado medidas cautelares contra la resolución municipal.
El centro abrió oficialmente el lunes con la llegada del personal y los dos primeros menores acogidos, procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias. Según la consejera, a lo largo de esta semana está prevista la incorporación de otros ocho jóvenes. Gómez del Río insistió en que “los niños permanecerán en Cartes” y reprochó a Cueto haber “maniobrado para obstaculizar” la labor del Ejecutivo.
Desde el Ayuntamiento, la alcaldesa defendió su actuación con un comunicado en el que subrayó que la notificación “no paraliza ni ralentiza” la atención a los menores, y que el objetivo es “garantizar su bienestar y la seguridad jurídica del proceso”. Cueto precisó que la resolución responde a denuncias vecinales y a la necesidad de obtener informes técnicos y jurídicos. “Estos menores son bienvenidos en Cartes”, afirmó, prometiendo que el municipio pondrá a su disposición todos los recursos educativos, sociales y deportivos posibles.
La alcaldesa acusó a la Consejería de actuar “de espaldas al Ayuntamiento” y sostuvo que el Gobierno autonómico no facilitó la información solicitada sobre un inmueble adquirido por más de medio millón de euros. También criticó que el proyecto se haya tramitado sin coordinación y sin tener en cuenta las capacidades del municipio.
La polémica ha trascendido el ámbito local y ha provocado reacciones en distintos niveles institucionales. El delegado del Gobierno en Cantabria y secretario general del PSOE en la comunidad, Pedro Casares, pidió “bajar la tensión” y “priorizar el interés superior del menor”, responsabilizando a la consejera de “haber expuesto públicamente” a los menores.
A nivel estatal, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, recordó que “la ley debe cumplirse” y que el Gobierno central velará para que los menores reciban la protección a la que tienen derecho.
