El Gobierno de España invertirá cerca de 47 millones de euros en Cantabria para restaurar más de 500 hectáreas de humedales situadas en tres espacios naturales incluidos en la Red Natura 2000. Las actuaciones forman parte del proyecto LIFE Humedales, una iniciativa de carácter nacional que busca mejorar la conservación de estos ecosistemas a lo largo de la próxima década.
En la comunidad cántabra, los trabajos se centrarán en dos zonas de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, localizadas en los municipios de Voto y Bárcena de Cicero, así como en la Marisma del Conde, en el Estuario del Miera, dentro del término municipal de Marina de Cudeyo. Esta última área comprende la franja de la Ría de Cubas, entre los pueblos de Pedreña, Elechas y Rubayo.
El proyecto contempla un total de doce actuaciones específicas en estas áreas, orientadas a recuperar el equilibrio ecológico y la funcionalidad natural de los humedales, así como a reforzar el estado de conservación de hábitats y especies de interés comunitario. En total, el plan contará con una inversión de 46.934.783 euros, de los cuales más de 43 millones proceden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).
La financiación se completa con aportaciones del Gobierno de Cantabria, que destinará más de dos millones de euros; de la Comisión Europea, que participa con 1,2 millones; y de las entidades colaboradoras SEO/BirdLife y la Fundación Naturaleza y Hombre, que aportarán 325.708 y 240.939 euros respectivamente.
Dentro del ámbito nacional, LIFE Humedales permitirá restaurar hasta 2036 más de 26.000 hectáreas repartidas en 107 enclaves naturales de la Red Natura 2000 pertenecientes a las 17 comunidades autónomas. En total, se llevarán a cabo 284 intervenciones centradas en la mejora de los ecosistemas húmedos y en la recuperación de su biodiversidad.
El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha calificado esta inversión como “histórica” en materia medioambiental y ha subrayado que la restauración de los humedales “no es solo una cuestión de ecología, sino también de seguridad hídrica, salud pública y desarrollo económico sostenible”.
Casares ha destacado que la recuperación de estos entornos degradados contribuirá a reforzar la capacidad de resiliencia frente al cambio climático y a garantizar la protección de los recursos naturales “para el bienestar de las generaciones futuras”.
