La Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria ha adquirido un inmueble en el Camino Real de Cartes con el propósito de habilitar en él un nuevo centro de atención a la infancia. Según ha confirmado el Ejecutivo autonómico, las primeras plazas se destinarán a menores migrantes llegados a la comunidad desde Canarias, Ceuta y Melilla dentro del reparto acordado entre territorios.
El edificio ya figura como propiedad pública y actualmente se están realizando las labores de acondicionamiento necesarias para ponerlo en funcionamiento. En total, el inmueble dispondrá de unas 20 plazas y no requerirá obras de envergadura, dado que su estado permite adaptarlo con simples tareas de adecuación de espacios.
Fuentes del Ejecutivo han señalado que el sistema cántabro de acogida apenas cuenta con una plaza libre, lo que hace necesario ampliar su capacidad. Por ello, la Consejería de Inclusión Social continúa buscando otros inmuebles a precios “razonables” en distintos municipios para crear nuevos Centros de Atención a la Infancia y Adolescencia (CAIF).
Hasta el momento, Cantabria ha recibido 16 menores migrantes procedentes de las comunidades anteriormente mencionadas, y se espera la llegada de otros 15 en las próximas semanas. En total, el Gobierno central prevé que la comunidad cántabra asuma la tutela de hasta 156 menores en aplicación del plan nacional de reubicación.
Reacciones políticas
La operación ha generado críticas en el municipio. La alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), ha reprochado al Gobierno autonómico la “falta de información y de transparencia” en un asunto que considera “grave”. Según ha explicado, el Ayuntamiento no ha recibido comunicación oficial sobre la compra del inmueble ni sobre su futura apertura, ni tampoco solicitud alguna de licencia de obra o actividad.
Cueto, que ha expresado su malestar a través de las redes sociales, ha asegurado que el consistorio se enteró por la fundación encargada de gestionar el recurso. “Solidaridad, toda. Castigos para Cartes, ninguno”, publicó la regidora, quien insiste en que el municipio es un Conjunto Histórico de Especial Protección y exige explicaciones sobre los motivos de su elección para albergar el centro.
Desde el PRC, la portavoz local Emi Peón ha acusado al Gobierno de Cantabria de actuar “con oscurantismo” y “de espaldas” al Ayuntamiento ya los vecinos. Los regionalistas aseguran no oponerse a la llegada de menores migrantes, pero critican la “falta de diálogo e información” en un asunto tan sensible. Según Peón, esa forma de proceder “alimenta la preocupación social” y demuestra una “grave irresponsabilidad política”.
Respuesta del Ejecutivo
La presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha rechazado esas acusaciones y ha defendido que la compra del inmueble responde a una imposición del Gobierno central. «No hay opción; estamos obligados por ley a aceptar estos traslados. Es una consecuencia directa de la política migratoria del Gobierno de Sánchez», afirmó ante los medios.
Buruaga explicó que su Ejecutivo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional los decretos que regulan el reparto de menores por considerarlos una “invasión competencial” y una medida “sin recursos ni financiación suficiente”. La presidenta insistió en que el Gobierno cántabro ha actuado “con normalidad y discreción” en un asunto que afecta a la protección de menores, como hace con otros recursos sociales, y negó cualquier “ocultación” o “falta de transparencia”.
“Trabajamos con humanidad y respeto, sin estigmatizar. Estos niños tienen derechos y merecen una acogida digna”, subrayó. Recordó además que los menores extranjeros no acompañados “no son una novedad” en Cantabria, donde actualmente hay 33 tutelados por sus propios medios y otros 16 llegados mediante el plan estatal, todos ellos “bien atendidos y perfectamente integrados”.
En este sentido, Buruaga aseguró que el modelo cántabro se basa en la integración y no en la concentración, con grupos reducidos de unas 20 personas, ubicados en municipios con servicios y recursos educativos y sanitarios adecuados.
La presidenta criticó con dureza las declaraciones de la alcaldesa socialista por considerar que “alimentan la alarma social” y tildó su actitud de “irresponsable” y “cínica”. Le instó a “actuar con prudencia, lealtad institucional y sentido común”, en lugar de “incendiar redes y medios”.
«Cantabria cumple con sus obligaciones, con una acogida planificada, digna y seria. Lo que menos se está teniendo en cuenta aquí son los menores, que se han convertido en moneda política», concluyó Buruaga.
