Las entidades y colectivos jurídicos integrados en el Pacto para la Justicia de Cantabria han coincidido en calificar de “insuficiente” la propuesta del Ministerio de Justicia que prevé la creación de únicamente cuatro nuevas plazas judiciales en la comunidad. En concreto, el plan del Gobierno central contempla un juez de instrucción —que sustituye al suprimido este mismo año—, dos plazas para las secciones Civil y Social de Santander y una cuarta para reforzar el Tribunal de Instancia de Santoña.
Frente a ello, las instituciones cántabras han acordado presentar alegaciones al real decreto y solicitar tres plazas adicionales de juez, además de dos nuevas posiciones en la Fiscalía. Así lo decidieron en la reunión convocada por la Consejería de Presidencia y Justicia, en la que participaron representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), la Fiscalía Superior, los letrados de la Administración de Justicia, y los colegios de Abogados, Procuradores, Psicólogos y Graduados Sociales, entre otros colectivos.
Tras el encuentro, la consejera Isabel Urrutia criticó duramente la propuesta del Ministerio, al considerar que Cantabria “vuelve a perder con el Gobierno de Sánchez”. “Nos dicen que se crean cuatro plazas nuevas, pero una de ellas corresponde al Juzgado de Instrucción número cinco de Santander, suprimido hace unos meses. No es una nueva creación, es la rectificación de un error”, afirmó. “El Ministerio simplemente nos devuelve lo que nos quitó”, añadió.
Urrutia recordó que en los últimos diez años solo se han creado cuatro juzgados nuevos en Cantabria y denunció que la comunidad lleva tres ejercicios sin ampliaciones en la planta judicial. A su juicio, la propuesta estatal “no puede considerarse una mejora real”, ya que deja a Cantabria nuevamente “por debajo de la media nacional” en la creación de plazas. “Mientras en España el incremento ronda el 8,5%, aquí no llegamos ni al 4%. Cantabria pierde terreno”, subrayó.
La consejera mostró además su malestar por las formas del Ministerio, reprochando que el Gobierno autonómico se haya enterado del contenido del real decreto “por los medios de comunicación”. “Una vez más, el Estado nos ningunea. Antes se consultaban las necesidades de cada comunidad en el primer trimestre del año; ahora nos imponen un decreto ya cerrado, sin diálogo previo”, lamentó, acusando al ministro Félix Bolaños de actuar con “hechos consumados”.
En relación con las necesidades históricas de la comunidad, Urrutia destacó especialmente la demanda de una plaza de juez de primera instancia e instrucción en San Vicente de la Barquera, reclamada “durante años, incluso lustros”, sin respuesta por parte del Ministerio. Además, Cantabria solicitará dos nuevas plazas de magistrado, una en lo civil y otra en lo penal, ambas en la Audiencia Provincial, y dos plazas más de Fiscal, atendiendo a la petición de la propia Fiscalía ante el previsible aumento de carga de trabajo.
Durante la reunión también se evaluó la aplicación de la Ley de Eficiencia de la Administración de Justicia y del nuevo modelo judicial, en el que la consejera destacó la colaboración de todos los operadores jurídicos, especialmente de los letrados de la Administración de Justicia. “Cantabria ha cumplido en tiempo y forma. Nos guste más o menos, es una ley en vigor y estamos obligados a aplicarla”, afirmó Urrutia, indicando que la norma ya está implantada en los ocho partidos judiciales de la comunidad.
Por último, la titular de Justicia tuvo palabras de reconocimiento para el presidente del TSJC, José Luis López del Moral, cuyo mandato concluye próximamente. “Queremos agradecer su trabajo durante más de una década al frente del Tribunal Superior, su compromiso con la mejora del sistema judicial y su papel fundamental como impulsor del Pacto por la Justicia”, concluyó Urrutia.
