Izquierda Unida de Cantabria ha hecho público que va a presentar un recurso contencioso-administrativo ya impulsar mociones municipales en diversos ayuntamientos para intentar paralizar el Convenio Singular firmado entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde. Desde la formación crítica que este pacto, que puede extenderse hasta veinte años, representa un paso más hacia la privatización del sistema sanitario público en la comunidad autónoma.
La organización se suma a las voces de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cantabria, que pone el foco en las irregularidades del trámite: se aprobó por vía de urgencia sin argumentos sólidos y sin los informes técnicos, jurídicos y económicos que marca la normativa autonómica. Además, denuncian que no ha pasado por el Parlamento ni por un procedimiento transparente como exige la ley.
«No podemos hipotecar dos décadas de sanidad pública con decisiones tomadas a escondidas y sin pasar por el filtro democrático», insisten desde IU, que ve en el convenio un derroche de dinero público a un gestor privado sin las garantías necesarias. El coordinador de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, pone el dedo en la llaga al recordar que el acuerdo se ha rubricado sin presupuestos autonómicos aprobados y calculadas en instalaciones y personal que el propio hospital admite no tener listos todavía, lo que lo convierte en un compromiso a plazos.
No se quedan ahí las críticas. Recuerdan que hace poco se agregó una adenda por la que solo el 1% de la financiación anual del contrato depende de alcanzar al menos 80 puntos en los indicadores de calidad, una penalización que IU considera ridícula ante posibles incumplimientos. La formación defiende que la gestión directa pública es siempre más efectiva y barata que externalizar servicios, y llama la atención sobre el brutal repunte del gasto en entidades privadas para atención sanitaria, que ha crecido más de un 20% cada año en los últimos ejercicios.
También ponen sobre la mesa riesgos serios como la protección de datos de los pacientes, la descoordinación en la atención sanitaria o la precariedad laboral que suele venir con estos acuerdos. «La sanidad pública no es un dispendio, sino una apuesta social clave y un instrumento esencial para repartir la riqueza y garantizar la atención universal», proclaman desde IU.
Por eso, reclaman la suspensión inmediata del Convenio Singular, la entrega completa del expediente administrativo y un debate a fondo en el Parlamento y en la calle sobre el modelo sanitario que queremos en Cantabria. Invitan a la ciudadanía a implicarse y movilizarse para blindar una sanidad pública que asegure igualdad y control ciudadano en todo el sistema sanitario cántabro.
