El Parlamento Europeo ha decidido remitir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur —integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— para que determine si el texto es compatible con los tratados comunitarios, una medida que suspende su aplicación hasta que se conozca el dictamen judicial.
La moción, que salió adelante por 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones, ha generado un intenso debate en la Eurocámara y podría aplazar entre 18 y 24 meses la entrada en vigor del pacto, considerado el más ambicioso de la historia comercial de la UE. Durante ese tiempo, el tribunal con sede en Luxemburgo analizará especialmente la validez del mecanismo de reequilibrio incluido en el acuerdo, que algunos eurodiputados creen que podría limitar la autonomía regulatoria europea.
También se cuestiona la base jurídica utilizada para su ratificación, ya que permitiría aprobar los capítulos comerciales sin el visto bueno de los parlamentos nacionales, al tratarse de una competencia exclusiva comunitaria.
Un voto ajustado con consecuencias políticas
El resultado era previsible por lo ajustado del margen. En la víspera, distintas voces en Bruselas habían advertido del riesgo de bloquear la ratificación en un contexto internacional delicado, marcado por las amenazas arancelarias de Estados Unidos y por tensiones políticas internas en varios estados miembros.
La decisión podría alterar el calendario de un acuerdo que, según el propio TJUE, tardará en resolverse. Aunque el tribunal puede dar prioridad a la solicitud si lo considera oportuno, su procedimiento habitual para emitir este tipo de opiniones se sitúa entre año y medio y dos años.
Un pacto histórico tras 26 años de negociaciones
El acuerdo de asociación entre la Unión Europea y el Mercosur fue firmado el sábado pasado en Asunción (Paraguay), poniendo fin a 26 años de negociaciones. Su entrada en vigor crearía una de las mayores áreas de libre comercio del mundo, con más de 720 millones de habitantes y un peso económico conjunto de 19 billones de euros.
El pacto prevé la desaparición progresiva de aranceles para el 90% de bienes y servicios intercambiados entre ambas partes y, según la Comisión Europea, representa “un mensaje en favor del comercio justo y de la cooperación internacional frente al proteccionismo”.
La estructura jurídica del acuerdo distingue entre dos fases: una comercial, que solo requiere el consentimiento del Parlamento Europeo, y otra política y de cooperación, que deberá ser ratificada por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros antes de su entrada en vigor plena.
Las reacciones a la firma
La ceremonia de ratificación parcial tuvo lugar en el Gran Teatro José Asunción Flores, sede del Banco Central de Paraguay, con una amplia representación política y diplomática. El presidente paraguayo, Santiago Peña, subrayó que el acuerdo “representa una apuesta por el diálogo y la cooperación frente a los unilateralismos” y confió en que beneficie directamente a millones de ciudadanos europeos y sudamericanos.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que el pacto “envía una señal contundente al mundo” al elegir “el comercio justo frente a los aranceles y el aislamiento”. Además, defendió que el texto incorpora un sólido capítulo ambiental y de desarrollo sostenible, con compromisos claros hacia la neutralidad climática y la inversión en tecnologías limpias.
En el mismo acto, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, definió el tratado como “una apuesta por la apertura, el multilateralismo y las reglas internacionales frente al proteccionismo”. “Mientras unos levantan muros, nosotros tendemos puentes”, afirmó.
Entre los asistentes también se encontraban los presidentes de Panamá, José Raúl Mulino, y de Bolivia, Rodrigo Paz, invitado en calidad de miembro en proceso de adhesión al Mercosur. La única ausencia destacada fue la del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
Controversias y protestas
La firma del acuerdo ha despertado críticas en el sector agrícola europeo, especialmente entre productores franceses, españoles y alemanes, que temen una competencia desigual ante la entrada de productos agroalimentarios sudamericanos con menores costes. En los días previos, agricultores de varios países europeos salieron a las calles para protestar contra el tratado, reclamando garantías ambientales y sociales más estrictas.
Mientras tanto, la Comisión Europea insiste en que el acuerdo no entrará en vigor sin mecanismos de control medioambiental verificables, y asegura que los próximos pasos dependerán del dictamen del Tribunal de Justicia y del consenso político que logren los Estados miembros en los próximos meses.
