La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, Ecologistas en Acción, la Asamblea de Mujeres de Cantabria y la Asociación Cultural Ágora Solidaria, coordinadas por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, han interpuesto un recurso contencioso-administrativo para solicitar la nulidad del controvertido «convenio singular» que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha firmado con el hospital privado Santa Clotilde (HSC). Este acuerdo, promovido por el consejero César Pascual, destina 256 millones de euros durante 16 años —ampliables a 20— para externalizar servicios que hasta ahora realizaba la sanidad pública, como cribados de cáncer de mama y colon, hospitalización de pacientes crónicos, fracturas de cadera y rehabilitación.
Los demandantes denuncian que esta cesión sustrae al sistema público competencias esenciales sin concurso público ni justificación económica suficiente, utilizando una disposición excepcional de la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria para contratación directa que, según sostienen, no cumple los requisitos legales de urgencia. El convenio, firmado inicialmente por 216 millones y ampliado en 40 millones más, se negoció «en la sombra» sin aparecer en el Plan de Salud 2025-2029 y desvía fondos públicos que deberían reforzar los hospitales públicos, agravando sus carencias en personal y equipamiento.
Los recurrentes critican que Santa Clotilde, gestionado por la orden religiosa San Juan de Dios, reciba esta financiación no solo por servicios ya prestados, sino para «dar estabilidad» a la entidad, que planea invertir 60 millones en quirófanos y tecnología, según confesó Pascual. El hospital subcontrata pruebas diagnósticas —mamografías, resonancias, TAC y ecografías— a HT Médica, filial de un fondo de capital riesgo internacional (Fremman Capital), lo que cuestionan como un modelo «multinacional y privado» opuesto al espíritu de los convenios singulars reservados a entidades sin ánimo de lucro.
La demanda pone el foco en la fragmentación asistencial que genera el convenio, al derivar pacientes públicos a un centro privado donde las pruebas complementarias se realizarán en empresas externas sin coordinación garantizada. Mientras la sanidad pública mantiene un seguimiento unitario en cribados y tratamientos oncológicos, los pacientes del HSC enfrentarán un modelo «desconocido» que rompe la continuidad asistencial. El acuerdo hipoteca 16-20 años de gestión sanitaria en un contexto de necesidades cambiantes, con penalizaciones «ridículas»: máximo 1% si no se alcanza el 80% de objetivos, y 0% si se supera.
Los colectivos denuncian además un conflicto de intereses en la oposición: la diputada socialista Eva Salmón, directora de Recursos Humanos del HSC, no se pronunció contra los presupuestos de noviembre que financian el convenio, junto a su grupo parlamentario. Esta «posición de debilidad» del PSC-PSOE, principal partido opositor, agrava la privatización que critican las plataformas, que ven en el HSC un «regalo» a una empresa privada que opera sin los recursos para asumir plenamente las competencias externalizadas.
