La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, trasladó este martes al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, las principales inquietudes del sector primario cántabro durante la Conferencia Sectorial de Pesca, Agricultura y Desarrollo Rural y los consejos consultivos de Política Pesquera y Agraria para Asuntos Comunitarios. En su intervención, la responsable autonómica mostró su “gran preocupación” por el impacto que puede tener el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur sobre agricultores y ganaderos, en un momento en el que el campo “está en la calle reclamando defensa de su profesión y reclamando las mismas exigencias sanitarias, fitosanitarias y medioambientales para los productos que llegan a Europa”.
Susinos pidió al ministro que “escuche al sector” y ponga en marcha mecanismos de protección “reales y efectivos” para el campo, exigiendo a la Comisión Europea garantías “tangibles y no meramente declarativas” sobre el cumplimiento de las salvaguardas previstas en el acuerdo. “No podemos conformarnos con cláusulas que sean sólo humo; necesitamos garantías palpables de que se van a cumplir”, subrayó, reclamando además el refuerzo inmediato de los controles en frontera sobre los productos importados y más medios humanos y técnicos en los puntos de inspección de los puertos estatales. La consejera se sumó también a la propuesta de crear un fondo de contingencia que permita compensar las posibles pérdidas que el acuerdo pueda ocasionar al sector primario.
En relación con la futura Política Agraria Común, Susinos reiteró el apoyo del Gobierno de Cantabria al Ministerio en la negociación de la nueva PAC, en la que, según recalcó, “queda todavía mucho camino por recorrer” para asegurar un presupuesto suficiente y avanzar en la “necesaria simplificación administrativa” que reclama el sector. La consejera insistió en que la nueva PAC debe ser “más ágil y menos burocrática”, sin perder su papel de sostén económico para explotaciones agrarias y ganaderas.
La titular de Desarrollo Rural abordó también la situación sanitaria del ganado ante la dermatosis nodular contagiosa. Pidió al Ministerio que lidere en Europa una posición conjunta para rebajar la clasificación de esta enfermedad de la categoría A a la B, tal y como solicita el sector. Recordó que la categoría actual implica medidas “extremadamente restrictivas”, como el sacrificio obligatorio, fuertes limitaciones a los movimientos y la paralización de la actividad ganadera en extensas zonas, medidas que, a su juicio, “fueron comprensibles en una fase inicial, pero ya no resultan proporcionales al riesgo real”. La reclasificación, defendió, permitiría priorizar la vacunación, aplicar controles más flexibles y reducir el impacto económico y social sin comprometer la sanidad animal.
Ante el temor de que un cambio en la clasificación pudiera afectar a los mercados internacionales de los productos españoles, Susinos sostuvo que, si la decisión se adopta de manera coordinada en toda la Unión Europea, “los mercados no van a castigar a la UE”, al tratarse de un enfoque armonizado y basado en criterios científicos compartidos.
En el capítulo pesquero, la consejera agradeció a Luis Planas la “sensibilidad” con la que ha recogido la propuesta del sector para flexibilizar al máximo las obligaciones del reglamento comunitario de inspección y control. Reclamó que la resolución que recoja esos acuerdos se publique “con la mayor rapidez posible” y que Bruselas acepte el marco pactado entre España y el sector pesquero, tal y como se trabajó en la jornada previa.
Sobre la fijación definitiva del TAC y las cuotas de pesca de verdel, Susinos defendió la postura del sector cántabro y pidió que la reducción se ajuste a los criterios científicos con una rebaja del 48% y no del 70% que se planteó inicialmente en el Consejo de Ministros de diciembre. A su juicio, sería “incoherente” penalizar a los Estados que cumplen las normas, permitiendo que aquellos que han practicado sobrepesca de verdel en los últimos cuatro años vuelvan a saltarse las recomendaciones científicas, mientras el resto asume un recorte del 70% y ve cómo esas capturas entran después en el mercado comunitario.
Por ello, la consejera instó a mantener una postura firme en las negociaciones y reiteró que “una reducción del 48% y no del 70% es la propuesta con la que tenemos que alinearnos”, al considerarla más equilibrada para compatibilizar la recuperación de la especie con la viabilidad económica de la flota cántabra.
