Los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio han expresado su rechazo frontal al nuevo Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT) eólico presentado por el Gobierno de Cantabria, que contempla un despliegue masivo de polígonos eólicos en zonas como Campoo-Los Valles, Iguña y Soba. Según estas organizaciones, lejos de garantizar un desarrollo equilibrado de la comunidad, el plan perpetúa y amplifica una lógica depredadora que condena a amplias zonas rurales al empobrecimiento sistemático, el subdesarrollo y la desaparición demográfica.
Los colectivos sostienen que el PROT reproduce una división territorial injusta: una «Cantabria turística y especulativa» en el norte, sin infraestructuras eólicas, frente a otra «Cantabria eólica, despoblada y olvidada» en el sur, donde se concentran los megaproyectos para beneficio de las multinacionales eléctricas. Esta fractura territorial, argumentan, no es accidental sino deliberada, ya que el plan abandona sistemáticamente el sur y la zona suroriental para convertirlas en espacios de explotación. «Es una Cantabria de dos velocidades donde unas comarcas se protegen mientras otras se condenan», denuncian.
La instalación masiva de parques eólicos en las zonas rurales más deprimidas, según estos grupos, acelerará la despoblación al destruir el paisaje, los recursos comunales y las bases económicas locales. El agravamiento de la saturación de proyectos eólicos, unido al ya precario déficit de servicios básicos y al envejecimiento poblacional, forzará la emigración de habitantes que buscarán futuro en otros territorios. Los impactos acumulativos en espacios de alto valor patrimonial, cultural, paisajístico e hidrológico, afirman, «terminarán de arruinar la Cantabria rural que durante siglos ha mantenido viva la región».
Los colectivos critican duramente la falta de participación real de los pueblos afectados, que califican como síntoma de un documento «hecho en los despachos de Santander y dictado por las grandes multinacionales». Señalan como contradicción inaceptable que se prime la implantación de infraestructuras eólicas mientras se desprecian las zonas rurales, históricamente pilares económicos y demográficos de Cantabria, reduciéndolas a «meros vertederos para albergar estas infraestructuras». La lógica territorial del PROT, advierten, refuerza la dualidad autonómica: protección de unos valles a costa de la condena de otros.
Estas organizaciones denuncian que el PROT es «un plan a la carta» diseñado exclusivamente para legalizar y expandir la industria eólica, olvidando su función original como documento integral de ordenación territorial. Ponen especial énfasis en el caso del polígono eólico El Escudo, que califican de «expolio» y consideran la prueba de un documento elaborado por la Consejería específicamente para complacer a las empresas del sector. Para los colectivos, la implicación de la Fundación Leonardo Torres Quevedo —vinculada a Iberdrola— y el Instituto de Hidráulica de Cantabria en la redacción del PROT plantea preocupaciones sobre sesgos y conflictos de interés, especialmente por haber avalado proyectos en espacios de «riqueza natural incuestionable» que debería estar protegida.
Los colectivos exigen de inmediato la apertura de un proceso público, transparente y vinculante de participación ciudadana, con debates territoriales en todas las comarcas afectadas. Recuerdan que esta demanda surge porque el PROT presentado vulnera la voluntad vecinal expresada durante años a través de juntas locales y ayuntamientos que han solicitado formalmente al Gobierno regional la declaración de sus territorios como zonas de exclusión eólica. «La población debe ser escuchada, no solo las multinacionales», insisten, y critican la ausencia de evaluaciones independientes que incorporen la voz de expertos imparciales y de los vecinos directamente afectados.
«La Cantabria rural no puede seguir siendo el coladero de decisiones que amenazan la supervivencia de sus habitantes», subrayan los representantes vecinales, adviriendo que un PROT así redactado condena a la región a perder permanentemente población, recursos y esperanza de futuro. De no producirse cambios sustanciales, los colectivos han anunciado la intensificación de movilizaciones —con un historial de convocatorias sostenidas a lo largo de años— y la presentación de reclamaciones ante instancias autonómicas, estatales y europeas en defensa de los derechos comunitarios y la integridad territorial.
Con este propósito, han convocado una nueva marcha a las obras del polígono eólico El Escudo para el próximo domingo 25 de enero, con salida a las 11:15 horas desde la Braña de San Martín. La caminata tiene como destino la zona de torres eléctricas y generadores ubicados en el municipio de Molledo, permitiendo a los participantes observar directamente las infraestructuras en construcción. Los colectivos ofrecen recogida en vehículos particulares a las 11:00 horas en la Estación de Renfe de Fraguas para facilitar la asistencia. Hacen un llamamiento a «toda la población de Cantabria» a sumarse a la protesta para «visibilizar el ecocidio que se viene realizando en la Sierra del Escudo».
La convocatoria se suma asimismo a un llamamiento internacional de acción que coincide con el aniversario del asesinato del activista ambiental conocido como Tortuguita, muerto en manos de policías en el bosque Weelaunee, al sureste de Atlanta, bajo el lema unificador «luchar es recordar».
