La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno de Cantabria ha comunicado a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) el malestar del sector pesquero cántabro tras la entrada en vigor, el pasado 10 de enero, de las nuevas disposiciones europeas que modifican el Reglamento de Control Pesquero.
La titular del departamento, María Jesús Susinos, ha trasladado al Ministerio la preocupación del sector ante dos de las principales obligaciones incluidas en la normativa: la necesidad de notificar con hasta cuatro horas de antelación la entrada a puerto y la declaración obligatoria desde el primer kilo de todas las especies capturadas.
El Ejecutivo autonómico ha mostrado su respaldo a la postura de la flota cántabra y comparte las modificaciones que el propio sector ha planteado, al considerar que la aplicación literal del reglamento podría tener efectos adversos no solo sobre los pescadores, sino también sobre el conjunto de la cadena productiva, afectando tanto al sector comprador de pescado fresco como a la industria conservera.
Desde la Consejería advierten además de que estas nuevas exigencias incrementan la carga administrativa y la burocracia, provocan inseguridad operativa y suponen un aumento de costes, en especial por el consumo adicional de gasoil que implica mantener los motores en marcha durante largas esperas previas a su llegada a puerto.
Susinos ha confiado en que las reuniones previstas en los próximos días a nivel estatal permitan revisar y flexibilizar algunos de estos requisitos, de manera que se adopte un marco “más ajustado a la realidad de la flota” y capaz de garantizar un equilibrio entre el control de la actividad y la viabilidad económica de las embarcaciones.
Con esta actuación, el Gobierno de Cantabria reafirma su apoyo al sector pesquero cántabro y su disposición a seguir defendiendo ante las administraciones competentes medidas que permitan mantener la sostenibilidad y competitividad de la pesca en la comunidad.
