La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha rechazado de forma tajante el modelo de financiación autonómica propuesto por el Ejecutivo central, al que ha calificado de “inaceptable” y una “ofensa” para la España de las autonomías. A su juicio, se trata de un sistema “diseñado a medida del independentismo” que responde a “urgencias electorales” del presidente Pedro Sánchez, en vísperas de los comicios andaluces, y no a las necesidades reales del país ni al refuerzo de los servicios públicos esenciales.
En declaraciones a los medios, la jefa del Ejecutivo autonómico ha instado a los partidos políticos de Cantabria a unir fuerzas para defender los intereses de la comunidad, que junto a Extremadura sería una de las dos autonomías perjudicadas con el nuevo modelo. “Cantabria no va a aceptar que la financiación, que es de todos y para todos los españoles, la decidan los separatistas”, ha subrayado.
Buruaga ha asegurado que su Gobierno “dará la batalla con todos los medios”, y ha advertido que si finalmente la propuesta sale adelante —lo que considera poco probable— acudirán al Tribunal Constitucional para defender los principios de igualdad y solidaridad entre territorios.
“Nuestra posición no ha cambiado ni un milímetro”, ha enfatizado, pidiendo al Gobierno de España que afronte este debate “desde la multilateralidad y buscando el máximo consenso posible”.
“No vamos a consentir privilegios”
La presidenta ha reiterado que la financiación autonómica debe servir para garantizar servicios públicos básicos “a todos los ciudadanos, vivan donde vivan”, en condiciones de equidad. En ese sentido, ha considerado “indefendible” que la comunidad pierda 46 millones de euros en un modelo que, en conjunto, contempla 21.000 millones adicionales para el conjunto de las autonomías.
Aunque el Gobierno central aún no ha remitido los detalles definitivos del documento, Buruaga ha avanzado que Cantabria se opondrá a cualquier fórmula que implique pérdida de recursos respecto al sistema actual. “No se trata de ser la primera o la segunda, sino de que no nos falte ni un euro para sostener los servicios públicos en igualdad de condiciones”, ha añadido.
La presidenta ha criticado que la propuesta del Ministerio de Hacienda dé prioridad al criterio de población en el reparto de fondos, restando peso a variables que son clave para Cantabria como la dispersión territorial, el envejecimiento o la orografía. “El principio esencial debe seguir siendo el coste real de los servicios”, ha defendido.
“Un frente común”
María José Sáenz de Buruaga ha reclamado “unidad política” ante un modelo que considera “lesivo para Cantabria y para España”. “Lo que es bueno para los independentistas, como celebró públicamente Oriol Junqueras, es malo para España y para Cantabria”, ha afirmado, llamando a formar un frente común con Cantabria como única bandera.
En esa línea, ha criticado duramente al PSOE cántabro por “aplaudir” la propuesta del Ejecutivo central. “Decir que Cantabria no pierde con este modelo es tratarnos de tontos”, ha afeado.
La presidenta ha insistido en que “esta no es una cuestión de partidos, sino de supervivencia de la comunidad autónoma”, ya que —ha dicho— está en juego la financiación de “servicios esenciales como hospitales, educación, transporte escolar o la atención a mayores”.
Trabajo técnico y alianzas
Buruaga ha indicado que el Gobierno de Cantabria está trabajando “con rigor y con apoyo técnico”, en colaboración con expertos de la Universidad de Cantabria, para fundamentar su postura en la negociación del nuevo sistema.
Ha explicado que el Ejecutivo autonómico cuenta además con el respaldo de los agentes sociales y económicos a través del Diálogo Social, así como con la cooperación de otras autonomías que comparten sus planteamientos, especialmente las firmantes de la Declaración de Santiago, que continúa siendo “la hoja de ruta” de esta reivindicación.
La presidenta también ha recordado que todas las comunidades sufren actualmente infrafinanciación, por el aumento de competencias asumidas sin la dotación económica suficiente por parte del Estado. Como ejemplo, ha citado la atención a la dependencia, que debería ser financiada al 50% por el Estado y las autonomías, aunque en Cantabria la Administración autonómica asume el 70% del coste total.
Finalmente, Buruaga ha puesto en duda que el Gobierno central logre aprobar el nuevo modelo en esta legislatura. “No ha sido capaz de sacar adelante un solo presupuesto, y mucho menos podrá aprobar una reforma que rompa la igualdad entre españoles”, ha sentenciado.
