El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha anunciado su intención de revisar el decreto de convivencia escolar para reforzar el componente formativo de los protocolos frente al acoso y “no tanto el sancionador”. La decisión se produce tras conocerse la sentencia que condena a ocho alumnos del Instituto Garcilaso de la Vega, en Torrelavega, por un delito contra la integridad moral cometido contra un compañero al que humillaron y agredieron por su orientación sexual.
Silva ha asegurado que este caso obliga a “profundizar en la mirada educativa” de los mecanismos de prevención y ha defendido la actuación del centro y de su profesorado. En ese sentido, ha lamentado las “generalizaciones” efectuadas por la Asociación Tolerancia 0 al Bullying, cuya presidenta, Lourdes Verdeja, criticó públicamente que los equipos directivos “miran hacia otro lado” en los casos de acoso escolar. “Esas afirmaciones, hechas desde un conocimiento parcial, no ayudan en absoluto a solucionar los problemas que surgen de manera puntual”, advirtió.
El titular de Educación ha incidido en que los protocolos aplicados en este caso “han funcionado razonablemente bien”, aunque ha reconocido que “todo es mejorable”. “Cuando hay un conflicto de convivencia, siempre hay algo que no ha funcionado como debería, y eso nos obliga a revisar”, indicó.
Silva ha querido poner en valor el trabajo de los docentes, directores e inspectores, destacando su profesionalidad y la “voluntad constante de actuar con responsabilidad y sensibilidad” en este tipo de situaciones. “Los centros conocen de primera mano los casos, a las personas implicadas y el contexto; son quienes más datos tienen para actuar adecuadamente”, subrayó.
El consejero ha recordado que la comunidad dispone de más medios que en cursos anteriores para prevenir y actuar ante el acoso escolar, aunque ha matizado que la dotación de recursos “por sí sola no garantiza una respuesta infalible”. “No debemos caer en la ingenuidad de creer que por invertir más todo va a funcionar siempre bien; lo importante es que haya equipos formados y procedimientos eficaces”, remarcó.
Durante el pasado curso, la Consejería abrió 147 protocolos frente a posibles casos de acoso, de los que se confirmaron finalmente 31. Silva considera prioritario mejorar las herramientas de detección temprana y avanzar hacia un modelo centrado en la mediación y el acompañamiento educativo.
En este contexto, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico trabaja en la elaboración de una Ley de Autoridad Docente y de la Convivencia, que prevé aprobar antes del final de la legislatura. El objetivo, según ha explicado, es contar con “un marco normativo más práctico, actualizado y enfocado en la educación, no solo en la sanción”.
El responsable de Educación ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de las obras de ampliación del Instituto de Educación Secundaria Lope de Vega, en Santa María de Cayón, donde ha aprovechado para reiterar que la convivencia y el respeto “son pilares innegociables de la escuela pública cántabra”.
