La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de 25 años de prisión para un hombre acusado de haber agredido sexualmente, de forma continuada, a sus dos hijas desde que tenían diez años, aprovechando su relación de parentesco y convivencia. El caso será juzgado este martes, a partir de las 9.30 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).
De acuerdo con el escrito de acusación del ministerio público, el procesado actuaba “con ánimo libidinoso” y sometía a las niñas a tocamientos y abusos reiterados a lo largo de varios años. En el caso de la hija mayor, los hechos comenzaron cuando cumplió diez años y se prolongaron hasta la mayoría de edad, según la Fiscalía. Durante ese tiempo, habría realizado tocamientos en distintas partes del cuerpo y, en ocasiones, introducido los dedos en la vagina.
Cuando la menor trataba de oponerse, su padre la intimidaba y amenazaba, llegando a decirle que “si contaba algo, la mataría”. La Fiscalía destaca en su informe ese clima de miedo y dominación, que habría impedido a las víctimas denunciar antes la situación.
Respecto a la hija menor, los abusos también comenzaron a los diez años, aunque cesaron cuando cumplió trece. Según el relato del ministerio público, el hombre aprovechaba momentos en los que se encontraba a solas con las niñas para cometer las agresiones.
Los hechos salieron a la luz cuando la madre y esposa del acusado escuchó cómo una de las hijas pedía a su padre que “la dejara en paz” y “parara”, momento en el que las menores confesaron lo ocurrido. A raíz de esta revelación, la mujer presentó denuncia ante las autoridades.
Petición de penas
La Fiscalía considera que los hechos constituyen dos delitos continuados de agresión sexual, y pide para el acusado una condena de 25 años de prisión. Además, solicita que el procesado tenga prohibido comunicarse o acercarse a las víctimas durante 18 años en el caso de la hija mayor y 15 en el de la menor. También reclama 30 años de inhabilitación para desempeñar cualquier trabajo o profesión relacionada con menores.
En concepto de indemnización, el ministerio público propone que el acusado pague 20.000 euros a la hija mayor y 10.000 a la segunda, es decir, un total de 30.000 euros en conjunto.
Por su parte, la acusación particular, ejercida por las propias víctimas, solicita las mismas penas de prisión —25 años— pero endurece las medidas de alejamiento y las inhabilitaciones. En su escrito, pide 20 años de prohibición de contacto con la hija mayor y 15 con la menor, además de 50 años de inhabilitación para trabajar con menores.
Asimismo, reclama que el procesado sea privado de la patria potestad sobre la hija que aún es menor de edad durante seis años, y eleva las indemnizaciones: 25.000 euros para la mayor y 15.000 para la menor.
El juicio, que se desarrollará a puerta cerrada para proteger la identidad de las víctimas, dirimirá unas acusaciones que la Fiscalía considera “especialmente graves por el abuso de confianza paterna” y por la prolongación de los hechos a lo largo de los años.
