Los grupos parlamentarios de la oposición, PRC, PSOE y Vox, lograron ayer en la sesión vespertina del pleno del Parlamento de Cantabria aprobar la enmienda a la totalidad al proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas presentado por el Gobierno del PP, tras haber ya tumbado por la mañana el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026. Con esta votación, que se desarrolló tras una enmarañada dinámica polémica en torno al orden y forma del debate, ambos documentos regresan ahora al Ejecutivo para su reelaboración.
La coalición opositora impulsó la enmienda que presentó el PSOE, única votada por ser la primera registrada, aunque tanto PRC como Vox también presentaron la suya misma en el fondo y forma. Durante el debate, el grupo de Vox salió momentáneamente del pleno para denunciar la supuesta “vulneración del Reglamento” por el procedimiento ordenado para la votación, pero retornaron para sumar su apoyo a la oposición y hacer efectivo el rechazo a las iniciativas del PP, que gobierna con minoría y cuenta con 15 escaños frente a la mayoría absoluta opositora de 19.
La portavoz de Vox, Leticia Díaz, mostró desde el inicio de la sesión de tarde su disconformidad con el procedimiento empleado para la votación, insistiendo en que la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, debería pronunciarse sobre una medida cautelar que impidiera votar en bloques que, según ella, se escapaba a la voluntad de los grupos. Díaz acusó a la presidenta de tener criterios contradictorios en las sesiones de la mañana y la tarde, al variar entre votar enmiendas individualmente o en conjunto. González Revuelta rechazó esa interpretación y aseguró que los órganos parlamentarios estudiarán el recurso presentado, dejando abierto el debate para futuras sesiones.
El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, en defensa del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, reprochó que la enmienda fuera un intento de bloquear el progreso de Cantabria, que según defendió, en esta norma bajaba impuestos para favorecer aspectos como el acceso a la vivienda, el apoyo a las personas con discapacidad y la mejora de servicios en sanidad y educación. Mencionó reducciones en el impuesto para compraventa de vivienda, nuevas deducciones para familias con miembros discapacitados y para pacientes con enfermedades raras, así como la ampliación de beneficiarios en ciertos tramos fiscales.
Por otro lado, el paquete normativo contemplaba una veintena de disposiciones administrativas, entre ellas reformas en once leyes autonómicas que buscaban simplificar trámites administrativos, agilizar autorizaciones y reforzar la seguridad de datos, así como dotar de complementos en materia de incapacidad transitoria y homogeneizar la denominación y competencias del Servicio Cántabro de Salud y otros organismos. La voluntad expresada por el Gobierno es avanzar en la eficiencia administrativa para atraer inversiones y facilitar la vida a los ciudadanos en una comunidad pequeña.
Enfrente, la oposición criticó que las rebajas fiscales promovidas benefician principalmente a grandes patrimonios, empresas y compradores de viviendas caras, dejando desprotegidos a colectivos más vulnerables y sin abordar las necesidades estructurales de futuro. Desde PRC, Pedro Hernando afirmó que a pesar de un aumento récord en la recaudación, los servicios públicos están mal gestionados y lanzó un reproche al Gobierno por su falta de voluntad para negociar, aunque reconoció que aún están a tiempo de acordar las cuentas aunque no entren en vigor al inicio de 2026. Ana Belén Álvarez, por parte del PSOE, defendió un modelo fiscal más progresista que proteja a los más perjudicados y apueste por la igualdad, mientras que Díaz, desde Vox, advirtió que la ley se basa en incrementos automáticos de recaudación injustificados y criticó la falta de optimización en el gasto público.
La jornada legislativa estuvo marcada por un clima de tensión política y críticas cruzadas, con acusaciones de vulneración de derechos parlamentarios y reproches al PP, que respondió calificando la alianza de la oposición como un “tripartito de la vergüenza” y pidiendo responsabilidad y altura de miras para que el Parlamento cumpla con sus funciones y saque adelante proyectos clave para Cantabria.
