El Grupo Municipal Regionalista en el Ayuntamiento de Santander ha presentado alegaciones al proyecto de modificación de las ordenanzas fiscales de agua y alcantarillado con el objetivo de introducir bonificaciones específicas dirigidas al pequeño sector ganadero que todavía subsiste en la capital. La propuesta, que afecta a las tasas 8-T y 7-T para el ejercicio 2026, busca “proteger y dar viabilidad” a las explotaciones familiares asentadas en las zonas rurales y periurbanas del municipio.
En concreto, el PRC plantea establecer una tarifa variable de 0,75560 euros por metro cúbico de agua para las explotaciones ganaderas, con un mínimo trimestral de 24 metros cúbicos, siempre que dispongan de un contador independiente para el establo. En paralelo, propone una bonificación del 95% en la cuota fija del servicio de alcantarillado para aquellas explotaciones que cuenten con sistemas propios de depuración o de reutilización de aguas residuales.
El portavoz regionalista, Felipe Piña, ha recordado que “Santander todavía conserva varias explotaciones ganaderas, en su mayoría de carácter familiar, que se localizan principalmente en barrios como Monte, Cueto, San Román y Peñacastillo”. Según ha indicado, este tipo de actividad contribuye “al mantenimiento del paisaje agrario tradicional, la biodiversidad y la memoria rural de la ciudad”.
Los datos del propio grupo apuntan a una tendencia descendente. A finales de 2024 se contabilizaban 14 explotaciones de leche y 43 de carne, frente a las 14 y 71, respectivamente, que existían en 2023. En septiembre de 2025, las cifras bajaron aún más —13 de leche y 42 de carne—, lo que Piña interpreta como “una señal de alarma” ante la pérdida de un sector con profunda raíz histórica en la capital cántabra.
Para el PRC, la modificación propuesta pretende “compensar el incremento de costes de energía, agua y servicios municipales que sufren estas explotaciones familiares”, incentivando el relevo generacional y la continuidad de una actividad “que también presta un servicio ambiental”.
Piña ha subrayado que las ordenanzas vigentes no recogen las particularidades del sector ganadero, “donde el uso del agua no es industrial, sino agrícola, y genera beneficios sociales y ecológicos para el conjunto del territorio”. Ha añadido que medidas similares ya están en marcha en otros municipios cántabros, como Cabezón de la Sal o Torrelavega, donde se reconoce esta función territorial mediante tarifas reducidas.
El impacto económico de la medida, ha explicado el portavoz regionalista, sería “mínimo” dada la escasa cantidad de explotaciones activas, pero reportaría “grandes beneficios ambientales y sociales”, en línea con la estrategia europea De la Granja a la Mesa y con los principios de uso racional y sostenible de los recursos hídricos.
