El comité de empresa del Gobierno de Cantabria ha presentado una denuncia en los juzgados contra el Ejecutivo autonómico por lo que consideran una gestión “discriminatoria y arbitraria” de las bolsas de trabajo destinadas a cubrir sustituciones del personal laboral. Según explican, la decisión llega después de “múltiples intentos fallidos” de alcanzar un acuerdo con la Administración sobre un sistema que consideran esencial para garantizar la prestación de servicios públicos básicos.
El órgano sindical, en el que están representados UGT, CCOO, SIEP, CSIF, TU, delegados independientes y SUC, sostiene que las bolsas continúan funcionando sin criterios homogéneos de gestión, pese a que en 2023 se aprobó una Orden que debía regular los procedimientos de llamamiento. “A día de hoy, sigue sin aplicarse lo acordado”, lamenta el comité, que acusa al Gobierno de aplicar los nuevos criterios solo a determinadas bolsas mientras mantiene el modelo anterior en otras. Según explican, esta situación ha generado desigualdades entre trabajadores de distintas listas y perjudica incluso a quienes superaron las pruebas de una Oferta Pública de Empleo, que ven cómo otros candidatos acceden antes a las sustituciones.
Los sindicatos aseguran que, pese a haberse retomado la negociación el pasado 1 de agosto, “la situación no ha cambiado”. Denuncian además que la falta de personal en servicios esenciales —como centros de atención a la dependencia, educación, carreteras o infraestructuras hidráulicas— se ha convertido en un problema “crónico”. Reclaman más efectivos en áreas como la sociosanitaria, auxiliar de enfermería o cocina, y señalan que la negativa del Ejecutivo a convocar nuevas bolsas de empleo responde a la insuficiencia de personal funcionario para su gestión.
“El servicio de contratación está desbordado”, subrayan desde el comité, al recordar que durante el verano las sustituciones “llegaban tarde o directamente no llegaban”. A su juicio, esta situación se agrava por los límites marcados a la plantilla pública en el anteproyecto de presupuestos, lo que, según remarcan, impide reforzar adecuadamente los servicios.
Para el comité de empresa, la política de personal del Gobierno de Cantabria “va en dirección contraria a las necesidades reales de la ciudadanía”. Defienden que los servicios públicos deben disponer de plantillas suficientes para garantizar su funcionamiento, y anuncian que la decisión de acudir a los tribunales se ha tomado de forma unánime. “No nos dejan otra opción que judicializar el diálogo social ante el incumplimiento de los acuerdos”, apuntan, insistiendo en que su prioridad es asegurar que las personas trabajadoras puedan disfrutar de su descanso y que la población reciba una atención adecuada.
