El Pleno del Parlamento de Cantabria celebrado este lunes dejó patente la alianza entre PP y Vox, que coincidieron en la mayor parte de los debates del día, imponiendo su mayoría en asuntos clave tanto educativos como sociales y económicos. Las formaciones conservadoras votaron juntas para frenar varias iniciativas impulsadas por PSOE y PRC y respaldaron la tramitación de la futura Ley de Autoridad Docente, impulsada por Vox y enmendada por el Partido Popular.
En materia educativa, los grupos de la oposición —PSOE y PRC— defendieron dos propuestas rechazadas por la mayoría del PP y Vox: una para eliminar la denominada ‘cláusula Silva’ del acuerdo salarial con los docentes, que supedita las mejoras retributivas a la aprobación de los presupuestos autonómicos, y otra para establecer un calendario de reducción de ratios en todas las etapas educativas. Ambas fueron tumbadas.
La única iniciativa aprobada en esta materia fue la proposición no de ley de Vox sobre la futura Ley de Autoridad Docente, que incluirá un plan de aplicación si la norma se aprueba en el primer semestre de 2026. El portavoz de Vox, Armando Blanco, pidió mayor celeridad en su tramitación, mientras que el diputado popular Álvaro Aguirre pidió “paciencia” y defendió que el texto reforzará el respeto social hacia los profesores.
Las reacciones en la oposición fueron críticas. La socialista Eva Salmón consideró la futura ley “innecesaria”, y la regionalista María Teresa Noceda insistió en que la autoridad “se gana en las aulas, no por decreto”. Noceda reclamó además al Gobierno de María José Sáenz de Buruaga que cumpla las resoluciones previas y cierre un verdadero acuerdo retributivo para el profesorado.
El debate fue especialmente intenso en torno a la ‘cláusula Silva’. Vox defendió la gestión del actual consejero de Educación, aunque reconoció que “es mejorable”, mientras que el socialista Jorge Gutiérrez denunció una “negociación oculta” entre PP y Vox de cara a los presupuestos de 2026. “Nos preocupa que el rumbo del Gobierno esté condicionado por los planteamientos de Vox”, afirmó.
Durante la sesión, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, intervino para referirse al proyecto de reforma de los Campos de Sport de El Sardinero. Aseguró que el Gobierno autonómico actuará “cuando Racing y Ayuntamiento estén alineados” y confirmó que aún no se ha recibido el proyecto formal por parte del club. Martínez Abad añadió que la presidenta Buruaga “cree en los proyectos tractores” y valoró la propuesta como “espectacular”, aunque reiteró que el Ejecutivo se mantiene en fase de escucha.
El consejero también anunció que este mes de noviembre se colocará la primera piedra de dos nuevos graderíos en las instalaciones Nando Yosu, con una inversión pública de 450.947 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Las obras, dijo, se coordinarán con el club para no alterar la programación deportiva.
Ya en la parte económica del Pleno, el consejero de Industria, Eduardo Arasti, defendió el proyecto del futuro Campus Tecnológico de Datos Altamira durante una interpelación socialista sobre su impacto ambiental y energético. Arasti negó que existan riesgos por consumo hídrico o eléctrico y afirmó que, gracias al clima de Cantabria, el centro no necesitará sistemas de refrigeración basada en agua. Explicó que su consumo equivaldrá solo al 13% del previsto por el Gobierno de España y que el proyecto atraerá inversiones privadas de 3.600 millones de euros y generará miles de empleos en la comunidad.
La diputada socialista Ana Belén Álvarez exigió mayor transparencia y documentación técnica antes de avanzar en su tramitación. Denunció que el proceso se desarrolla con una “celeridad excesiva” que podría limitar la participación ciudadana y alertó de un posible impacto ambiental que “sigue sin evaluarse con precisión”. Según Álvarez, el Ejecutivo “no debe convertir este proyecto en un cheque en blanco para la empresa promotora”.
Arasti replicó que el Campus Altamira, declarado Proyecto Empresarial Estratégico en junio, es “técnica y económicamente viable” y permitirá situar a Cantabria como un “referente tecnológico y logístico” en Europa. Recordó que el terreno en Piélagos y Villaescusa ya ha sido adquirido por 10 millones de euros y que las obras podrían comenzar en 2026, una vez finalizada la planificación eléctrica acordada con Red Eléctrica de España.
El Pleno también abordó la situación del mercado laboral, las áreas de autocaravanas, la atención a la dependencia y la movilización de suelo industrial, a través de interpelaciones de Vox y del PSOE. La diputada de Vox, Natividad Pérez, reclamó “datos concretos” sobre los proyectos industriales anunciados por el Gobierno, mientras que Arasti defendió la “discreción” para no poner en riesgo las inversiones privadas y citó proyectos como Altamira, el almacenamiento de hidrógeno verde en Polanco o la ampliación de la central de Aguayo.
Como cada primer pleno de mes, la presidenta del Gobierno cántabro, María José Sáenz de Buruaga, respondió a preguntas de la oposición sobre pobreza, impuestos y el Fondo de Cooperación Municipal. Además, el PRC preguntó por la rehabilitación de los Campos de Sport y la carretera CA-151 en Guriezo, mientras el PSOE se interesó por la Estrategia Territorial Integrada del Besaya, y Vox pidió información sobre las ayudas de la PAC y la potencia eléctrica disponible en la comunidad.
La jornada finalizó sin acuerdos entre Gobierno y oposición, pero con los grupos de PP y Vox reafirmando su entendimiento parlamentario, que se consolidó como el eje político dominante de esta legislatura en Cantabria.
