La Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria mantiene a fecha 31 de octubre de 2025 un total de 59 personas en el llamado “limbo de la dependencia”, es decir, ciudadanos que ya tienen reconocido un grado de dependencia pero aún no han comenzado a recibir prestación económica, servicio a domicilio o teleasistencia.
La consejera del área, Begoña Gómez del Río (PP), ofreció estos datos durante el Pleno del Parlamento de Cantabria en respuesta a una interpelación del PRC. Según explicó, la región se encuentra “muy cerca” del grupo de comunidades que cumplen los plazos legales —establecidos en un máximo de 180 días— con una resolución media de 211 días, apenas un mes por encima del límite.
Gómez del Río defendió que los datos del último informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, fechado el 30 de septiembre, son “altamente positivos”. En su intervención, subrayó que Cantabria y Aragón figuran entre las autonomías con menor número de personas en lista de espera. Recordó que desde julio de 2023 el número de cántabros pendientes de recibir prestación se redujo de 693 a los 59 actuales, y que a finales de diciembre de este año la cifra era de 143.
La titular de Inclusión resaltó además que, según los mismos datos, en el conjunto de España se tarda 138 días más que en Cantabria en resolver un expediente. “Aunque no estamos dentro del límite legal, estamos entre las comunidades que mejor funcionan”, aseguró, defendiendo que su departamento “avanza de forma acelerada” en la atención a las personas dependientes.
En materia de financiación, Gómez del Río señaló que en 2025 Cantabria ha recibido nueve millones de euros más del Estado respecto al año anterior, una cifra que, según afirmó, se debe “a los buenos resultados obtenidos y a la gestión eficiente” del sistema. Sin embargo, criticó que el Gobierno central “solo financie un 25 por ciento del gasto de la dependencia”, cuando el compromiso inicial era del 50 por ciento.
La consejera apuntó también que el número de personas beneficiarias ha crecido hasta las 18.184, frente a las 17.553 contabilizadas a finales de 2022. Del mismo modo, las prestaciones reconocidas han aumentado de 26.847 en diciembre de 2023 a 28.889 en septiembre de este año, un incremento que atribuyó a la mejora en la gestión y a la ampliación de los servicios.
Por su parte, la diputada regionalista Rosa Díaz criticó el “deterioro” del sistema y consideró que, aunque los datos “han mejorado ligeramente”, no resultan “satisfactorios”. A su juicio, las familias afectadas “deben adelantar el pago de plazas residenciales o esperar en su domicilio”, mientras que la atención a domicilio “no siempre se ajusta a las necesidades reales de las personas dependientes”.
Díaz reprochó igualmente la reducción del gasto autonómico en dependencia, que pasó de 27,3 millones en 2023 a 14,8 en 2024, y alertó sobre la escasez de plazas en residencias y centros de día. “La previsión para este año no se está cumpliendo, y la única salida está siendo aumentar la capacidad de los centros ya existentes”, lamentó.
Finalmente, la parlamentaria del PRC llamó la atención sobre el nivel de gasto público en dependencia, que en Cantabria alcanza los 1.234 euros por persona potencialmente beneficiaria, por debajo de la media nacional de 1.427 euros.
