Carlos Mazón ha anunciado oficialmente su dimisión como president de la Generalitat Valenciana en una comparecencia celebrada este lunes en el Palau de la Generalitat. La decisión llega tras doce meses de intensas críticas sobre su gestión de la jornada del 29 de octubre, cuando la riada que azotó la provincia de Valencia dejó un saldo de 229 fallecidos y ocasionó uno de los mayores desastres naturales de los últimos años en el territorio valenciano.
Durante su intervención, Mazón ha mantenido una postura dual: por un lado, ha destacado los esfuerzos del Consell en la recuperación material de la comunidad, asegurando que se ha logrado en «tiempo récord» una reconstrucción que inicialmente se estimaba que requeriría tres años. Por otro, ha reconocido explícitamente los errores personales cometidos durante esa jornada fatídica, algo que hasta ahora había evitado asumir de manera frontal.
El dirigente popular ha admitido que «permitir que se generaran toda clase de bulos por no dar explicaciones a tiempo» fue uno de sus principales fallos, junto con la decisión de no solicitar la declaración de Emergencia Nacional y, sobre todo, el mantenimiento de su agenda de actividades pese a las alertas meteorológicas que llegaban desde primera hora de la mañana. «Era inimaginable lo que iba a pasar pero debí haber tenido la visión política de cancelar mis compromisos al ver lo que estaba ocurriendo en Utiel», ha reconocido Mazón en una confesión que refleja el desgaste acumulado tras un año de controversia constante.
Sin embargo, el president ha intentado contextualizar sus errores negando cualquier «cálculo político» o «mala fe», argumentando que «cometeré con ellos toda mi vida». Simultáneamente, ha denunciado lo que describe como una «campaña orquestada» en su contra, en la que asegura haber sido calificado de «asesino», y ha trasladado responsabilidades hacia organismos como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar, a los que culpa de «fallos» en sus predicciones y alertas.
Mazón ha insistido en que las instituciones bajo su control actuaron «desde el día siguiente» con rapidez y eficacia, afirmando que todo se ha realizado «sin la ayuda del Gobierno», al que ha criticado nuevamente por no proporcionar los recursos necesarios. Esta insistencia en el trabajo realizado contrasta con su reconocimiento de errores, sugiriendo una tensión interna entre la defensa de su gestión global y la aceptación de fallos específicos en los momentos críticos.
El president ha apelado emocionalmente a la fatiga acumulada, tanto propia como de su familia, para justificar su salida. «Ya no tenemos la fuerza necesaria. Ya no puedo más», ha expresado, reconociendo que ni él ni su entorno familiar están «preparados para continuar» liderando la recuperación de la autonomía. Esta confesión de agotamiento personal marca un punto de quiebre significativo en una trayectoria política que había resistido la presión durante más de un año.
La dimisión se produce días después de que Mazón fuera objeto de abucheos y gritos de desaprobación durante el funeral de Estado celebrado el pasado sábado en homenaje a las víctimas de la DANA. En esa ceremonia, a la que asistieron las máximas autoridades del Estado, incluido Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, las familias de los fallecidos expresaron públicamente su rechazo hacia el president valenciano, ejerciendo una presión pública que sin duda aceleró su decisión.
Desde hace días circulaban rumores sobre una posible salida de Mazón tras confirmarse desde la dirección del PP que su futuro al frente de la Generalitat estaba comprometido. El sábado anterior, tras una reunión entre los presidentes de las tres diputaciones provinciales y la dirección nacional del partido, quedó claro que existía consensus sobre la necesidad de buscar alternativas. Feijóo y Mazón mantuvieron conversaciones el domingo, tras las cuales se formalizó esta dimisión.
La investigación judicial sobre la gestión de la DANA ha contribuido también a acelerar el desenlace. La magistrada encargada de la causa ha afirmado que las muertes «eran evitables» y que se produjo un retraso injustificado en las alertas a la población. La exconsellera de Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias continúan siendo investigados como posibles autores de homicidios imprudentes. Además, la periodista Maribel Vilaplana, con quien Mazón mantuvo una comida el día de la tragedia, estaba citada a declarar como testigo precisamente este lunes, lo que habría prolongado aún más la exposición mediática del president.
Mazón ha rechazado un adelanto electoral, apelando a la «responsabilidad» de la mayoría parlamentaria del PP y Vox para elegir un nuevo president de la Generalitat que complete la legislatura hasta primavera de 2027. Esto significa que la Cámara valenciana deberá proceder a una nueva votación de investidura, para lo cual será imprescindible el apoyo de Vox, ya que ningún otro bloque político cuenta con suficientes escaños. Si transcurrieran dos meses sin que ningún candidato obtuviera la confianza de Les Corts, se convocarían nuevas elecciones.
Mientras se resuelve la sucesión, Mazón permanecerá en funciones ejerciendo sus responsabilidades hasta que sea publicado el nombramiento oficial de su sucesor en el Boletín Oficial del Estado. Los próximos pasos dependerán de las negociaciones internas del PP sobre quién será el candidato a ocupar la presidencia de una comunidad que deberá enfrentarse a los desafíos pendientes de la reconstrucción tras una de las mayores catástrofes naturales de su historia reciente.
