La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado al Consejo del Diálogo Social el anteproyecto de Presupuestos Generales para 2026, que supera los 3.900 millones de euros y aumenta en 219 millones respecto a las cuentas actuales. Durante la reunión, celebrada el jueves y con una duración superior a tres horas, se puso de manifiesto la firme voluntad del Gobierno de no prolongar el presupuesto vigente y lograr la aprobación de unas cuentas “históricas”, que refuercen sanidad, educación, servicios sociales y mejoren las condiciones salariales del sector público.
El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, insistió en que “no habrá prórroga” porque ello supondría renunciar a los fondos extra y a las rebajas fiscales previstas. Resaltó que Cantabria ya cuenta con un anteproyecto avanzado, en fase final de diálogo y abierto a incorporaciones, y destacó que se ha convenido con los agentes sociales incorporar muchas de sus reivindicaciones. “Es preferible aprobar un presupuesto con cifras récord a prolongar las cuentas anteriores”, explicó.
Por su parte, el consejero de Industria y Empleo, Eduardo Arasti, señaló que el Ejecutivo ha apostado por una política dialogante, abriendo espacios para la participación directa de los sindicatos y la patronal antes de la presentación formal del presupuesto.
El área de Educación fija una partida de 17 millones para la mejora salarial del profesorado, un compromiso firme, aunque el consejero Sergio Silva pidió prudencia hasta la aprobación definitiva.
Los sindicatos valoraron positivamente el incremento en gasto social y servicios públicos, aunque avanzaron que revisarán el documento para plantear mejoras, especialmente en economía productiva e igualdad. La patronal celebró la estrategia general pero reclamó “más celeridad y valentía” para mejorar la competitividad, destacando además la necesidad de colaboración entre todos los actores.
El Gobierno remitirán el detalle completo del anteproyecto para recoger propuestas antes de su envío al Parlamento. La prioridad es conseguir un acuerdo que garantice la estabilidad financiera y el desarrollo socioeconómico sin recurrir a la prórroga, un escenario que el Ejecutivo descarta de manera rotunda.
