El Consejo de Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves los proyectos de ley de Presupuestos Generales y de Medidas Fiscales y Administrativas para 2026, un paso clave que abre el trámite parlamentario de unas cuentas diseñadas para consolidar la recuperación económica, fortalecer los servicios públicos y promover el equilibrio territorial en toda la comunidad. Con esta decisión, el Ejecutivo presidido por María José Sáenz de Buruaga busca mantener una senda de crecimiento sostenido y dotar de mayor certidumbre financiera a la administración cántabra en el nuevo ejercicio.
Junto al proyecto presupuestario, el Consejo ha dado luz verde a varias medidas sectoriales encaminadas a reforzar la cohesión territorial, la modernización institucional y la red de infraestructuras. En el ámbito de la justicia, se ha aprobado un decreto de ayudas directas para los ayuntamientos que cuentan con Oficinas de Justicia en los Municipios, figura creada tras la conversión de los juzgados de paz dentro de la nueva Ley Orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Estas subvenciones tienen como objetivo colaborar en la financiación de los gastos de funcionamiento, mantenimiento y personal de dichas oficinas, especialmente en los municipios rurales donde representan el principal punto de contacto ciudadano con la administración judicial.
La dotación presupuestaria para este programa asciende a 140.500 euros e incluye una distribución proporcional al número de habitantes de cada municipio, desde 549 euros para los de menor población hasta algo más de 3.000 para los de mayor tamaño. Además, se prevén incrementos adicionales en aquellos casos donde varias oficinas se agrupen en una misma sede. El Gobierno subraya que esta línea de ayudas pretende garantizar la igualdad de acceso a la justicia sin importar el lugar de residencia, reforzando el compromiso de la comunidad con la equidad territorial y la proximidad institucional.
En materia de infraestructuras, el Ejecutivo ha autorizado la contratación del proyecto de mejora integral del trazado de la carretera CA-250, en el tramo comprendido entre Santullán y el límite provincial con Vizcaya. Las obras, con un presupuesto de más de 6,3 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses, permitirán ampliar la plataforma viaria, corregir trazados peligrosos y dotar al tramo de Otañes de aceras continuas y un sistema de alumbrado más seguro. El proyecto incluye también la mejora del drenaje, la señalización y el mobiliario urbano, actuaciones orientadas a aumentar la seguridad vial y la accesibilidad peatonal en una conexión estratégica para el municipio de Castro Urdiales y su entorno metropolitano.
De forma complementaria, el Gobierno ha aprobado una prórroga extraordinaria del contrato de vialidad invernal para garantizar la atención continua a la red autonómica de carreteras ante cualquier incidencia meteorológica o emergencia. Esta medida, dotada con 250.000 euros para 2025 y 600.000 para 2026, asegura la prestación del servicio hasta la adjudicación del nuevo contrato y contempla la actuación inmediata ante nevadas, desprendimientos o accidentes. El dispositivo funcionará las 24 horas y dispondrá de medios materiales y humanos suficientes para mantener la seguridad en las vías autonómicas durante todo el invierno.
En el área de Sanidad, el Consejo ha aprobado un convenio entre la Consejería de Salud y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) que integra el depósito de medicamentos del Centro de Atención a la Dependencia de Santander en el Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Este acuerdo, con una vigencia inicial de cinco años prorrogables, elimina la necesidad de un servicio farmacéutico independiente en el CAD, garantizando la supervisión médica, la trazabilidad y la seguridad en la dispensación de fármacos. A través de una comisión de seguimiento, se velará por la correcta ejecución del convenio y la coordinación entre ambas instituciones.
Asimismo, se ha autorizado un nuevo encargo a la empresa pública Tragsatec para la Oficina Técnica de Seguimiento y Control de Calidad del contrato público-privado del hospital Valdecilla. Esta actuación, con un presupuesto de 191.313 euros, permitirá reforzar el control técnico, económico y jurídico de un contrato complejo que abarca servicios no clínicos, mantenimiento de equipos electromédicos y gestión de infraestructuras. El encargo incluye inspecciones, elaboración de informes mensuales y apoyo a la supervisión contractual del Servicio Cántabro de Salud con un equipo especializado de ingenieros, juristas, informáticos y economistas.
En el ámbito social, el Ejecutivo cántabro ha respaldado la firma del convenio de colaboración con el IMSERSO para la aplicación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) durante 2025. Este acuerdo movilizará un total de 47,7 millones de euros, cofinanciados por partes iguales entre la Administración General del Estado y la comunidad. Los fondos permitirán reforzar los servicios de atención domiciliaria y residencial, reducir los plazos de valoración de dependencia y ampliar las prestaciones, compatibilidades y plazas concertadas dentro del sistema. Además, se crearán nuevas líneas de ayudas para la adaptación de viviendas y la promoción de la autonomía personal, incorporando herramientas de teleasistencia avanzada.
En el área de Fomento y Vivienda, el Gobierno ha concedido una subvención de 74.000 euros a la Fundación San Clemente y Santa Ana para obras de conservación de su edificio histórico, entre ellas la reparación de cubiertas, refuerzo estructural y renovación de vidrieras y suelos dañados. Esta iniciativa se inscribe dentro de la política autonómica de protección del patrimonio cultural y mantenimiento de bienes de interés histórico y artístico de la comunidad.
Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural ha aprobado un decreto que regula el funcionamiento del Operativo de Vigilancia e Inspección Pesquera (OVIP) de Cantabria, sustituyendo una normativa vigente desde 1998. El nuevo marco legal adapta las competencias del cuerpo de inspección al reglamento europeo en materia de control pesquero e introduce un sistema de guardias permanentes y de disponibilidad operativa las 24 horas, con especial atención a las campañas nocturnas de especies como la angula o el calamar. Además, se garantiza el equipamiento y la dotación profesional necesaria para el correcto desempeño de sus funciones de inspección y sanción.
Finalmente, el Consejo ha ampliado el encargo a Tragsatec para la digitalización y estructuración documental de la información sobre fauna y flora silvestre en Cantabria. Este proyecto, con un presupuesto de 44.652 euros, permitirá crear una base de datos georreferenciada bajo el estándar internacional Darwin Core, integrando toda la información medioambiental de la comunidad y facilitando su consulta, gestión y reporte ante el Ministerio y la Unión Europea. Con esta medida, la administración cántabra avanza en su compromiso con la conservación de la biodiversidad y la modernización digital del ámbito rural.
En conjunto, las decisiones aprobadas en el Consejo de Gobierno reflejan una estrategia transversal de gestión pública orientada a mejorar los servicios esenciales, impulsar la sostenibilidad y garantizar que el crecimiento económico de Cantabria se traduzca en bienestar y desarrollo equilibrado para todos los municipios de la comunidad.
