La Fiscalía de Cantabria solicita una pena de cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados de provocar el incendio que en abril de 2024 calcinó parte de un garaje comunitario en el barrio de El Alisal, en Santander. Además, pide que indemnicen de manera conjunta a los propietarios perjudicados por los daños ocasionados, que superan los 700.000 euros.
Según consta en el escrito de acusación del ministerio fiscal, la comunidad de vecinos de la calle José María de Cosío —entre los números 54 y 68, los más afectados por el siniestro— ha tenido que afrontar ya una cantidad total de 700.263 euros para reparar las zonas comunes dañadas por las llamas y el humo. El fuego también causó desperfectos en viviendas y destruyó cerca de 30 de los 70 vehículos estacionados en el interior.
El fiscal propone, además de la pena de prisión, una multa de 4.500 euros para ambos procesados, con una cuota diaria de 10 euros durante diez meses. Uno de ellos figura como autor material del incendio y el otro como cooperador necesario. Ambos fueron ingresados en prisión provisional durante un mes, entre julio y agosto de 2024, y salieron en libertad tras abonar una fianza de 6.000 euros.
El escrito de acusación detalla que los imputados, con antecedentes penales no computables para esta causa, “actuaron de común acuerdo” durante la madrugada del 11 de abril, alrededor de las 2.50 horas. Según el ministerio público, uno de ellos provocó el fuego en la plaza número 93 del garaje mientras el otro hacía labores de vigilancia para evitar ser descubiertos. Como consecuencia, se tuvo que desalojar o confinar a los vecinos de varios portales próximos.
El incendio provocó graves daños en la infraestructura del edificio, afectando a conducciones eléctricas y de agua, columnas, bajantes y paredes, aunque finalmente no se detectaron daños estructurales de relevancia. El siniestro dejó un balance de un bombero herido leve por un corte en la mano, pero no hubo más víctimas personales.
Los presuntos autores, de 37 y 38 años, fueron detenidos casi tres meses después de los hechos en las localidades de Bezana y Pechón. Las investigaciones policiales, apoyadas en grabaciones de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, permitieron vincularlos con el incendio, que no se considera fortuito al detectarse un foco principal y varios secundarios. Tras su arresto, el juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y les prohibió residir o acercarse al lugar de los hechos mientras se desarrolla el procedimiento judicial.
