El titular de la plaza número 1 del Tribunal de Instancia de Torrelavega ha acordado transformar en procedimiento abreviado las diligencias abiertas contra Ángel Rodríguez, exalcalde de Santillana del Mar, al apreciar indicios de un delito de prevaricación en la gestión del servicio público de estacionamiento durante su mandato. La resolución, hecha pública este martes, pone fin a la fase de instrucción y deja en manos de la Fiscalía la presentación de escrito de acusación si lo estima procedente.
En el mismo auto, el magistrado decide sobreseer la causa en relación con la empresa Estacionamientos Iberpark, encargada del aparcamiento entre 2016 y 2020, y archivar la parte instruida por posible fraude en la contratación. Con esta decisión, el juez pone fin a la investigación preliminar e insta al Ministerio Fiscal a determinar si formula acusación definitiva o solicita el cierre del proceso.
Los hechos investigados se remontan al final del contrato entre Iberpark y el Ayuntamiento, que fue prorrogado en dos ocasiones según lo previsto inicialmente. Al expirar la segunda prórroga, el secretario municipal advirtió al alcalde de la necesidad de licitar un nuevo contrato, pero, según el auto, Rodríguez decidió aplazar el procedimiento por motivos electorales y por dudas sobre la fórmula de adjudicación. Durante meses, no se inició ningún trámite pese a las advertencias reiteradas del secretario municipal.
Ante la falta de licitación, el entonces regidor optó por suscribir dos contratos menores consecutivos, ambos con la misma empresa, superando el límite legal permitido para este tipo de adjudicaciones. Posteriormente, pactó que Iberpark continuara la gestión del aparcamiento “en calidad de precarista”, figura inexistente en la normativa administrativa.
El juez subraya que esta actuación eludió los principios de transparencia y concurrencia pública, ya que los contratos se establecieron “sin justificación de urgencia ni informe económico técnico” que sustentase su necesidad. Según el instructor, “se fraccionaron los contratos de forma fraudulenta con la intención de sortear las garantías y procedimientos legalmente exigidos por la naturaleza e importancia del servicio público de aparcamiento”.
La causa sigue ahora su curso hacia la siguiente fase procesal. Si la Fiscalía presenta acusación formal, el juez dictará el auto de apertura de juicio oral y requerirá al abogado del exalcalde para que formule su escrito de defensa previo al enjuiciamiento. Entretanto, el exregidor santillanense afronta una investigación que apunta a un uso irregular de los mecanismos de contratación pública durante su etapa al frente del Ayuntamiento.
