La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, ha subrayado este miércoles el “gran paso adelante” que ha supuesto la puesta en marcha de las dos salas Gesell en la Administración de Justicia para reforzar la protección de los menores y personas vulnerables durante los procesos penales. Además, ha adelantado que el Ejecutivo cántabro trabaja ya en la implantación del modelo Barnahus, que ofrecerá una atención integral —psicológica, sanitaria y judicial— a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales.
Urrutia ha hecho estas declaraciones durante la apertura de un curso de formación sobre el tratamiento de menores y personas con discapacidad como víctimas en el ámbito penal, una actividad organizada gracias al convenio entre el Gobierno autonómico y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La titular de Justicia ha recordado que Cantabria “dejó de ser en 2024 la única comunidad de toda España sin sala Gesell” y que en menos de un año se han habilitado dos espacios de este tipo, uno en Santander y otro en Torrelavega. “Ha sido un empeño personal de la presidenta María José Sáenz de Buruaga y una prioridad clara de este Gobierno”, ha recalcado.
Con estas nuevas instalaciones, ha señalado, se pone fin a una carencia “incomprensible” que durante años dificultó el trabajo de los profesionales de la Justicia y dejó desprotegidas a las víctimas más sensibles, especialmente a los menores y personas con discapacidad. Superadas las dificultades iniciales, su uso “se ha generalizado y ya forma parte habitual de las prácticas judiciales en Cantabria”.
“Contamos ahora con una herramienta esencial para proteger a las víctimas y permitir que los profesionales realicen su labor con todas las garantías”, ha defendido Urrutia, quien ha insistido en que el objetivo es seguir mejorando los medios a disposición del sistema judicial.
De cara al futuro, la consejera ha avanzado que el Gobierno de Cantabria trabaja de forma coordinada con Navarra y Extremadura para desarrollar el modelo Barnahus, principal referencia europea en la atención multidisciplinar a menores víctimas de violencia sexual o explotación infantil. Esta iniciativa permitirá un acceso “amigable” a la justicia, reduciendo la revictimización y ofreciendo una protección reforzada a la infancia.
Durante su intervención, Urrutia también ha reivindicado la importancia de la formación continua para jueces y magistrados, en estrecha colaboración con el CGPJ, y ha recordado que el Pacto para la Justicia de Cantabria es la hoja de ruta compartida para mejorar los medios y condiciones del servicio público de justicia en la comunidad.
Por último, ha explicado que Cantabria está avanzando en la implantación de la nueva organización judicial derivada de la Ley de Eficiencia de la Justicia, ya operativa en siete partidos judiciales y que se aplicará en Santander antes de que finalice el año. En este sentido, ha reconocido las “enormes dificultades” del proceso, los “plazos muy limitados” y la “falta absoluta de colaboración” por parte del Ministerio de Justicia, una actitud que ha calificado de “premeditada” y destinada a entorpecer la aplicación de las reformas.
Al acto, además de la consejera, han asistido el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, las magistradas y codirectoras del curso María Fernanda Figueroa y Amaya Merchán, y el director general de Justicia y Víctimas del Terrorismo, Juan Sáez Bereciartu.
