El Comité Ejecutivo del Partido Regionalista de Cantabria (PRC) tomaba ayer una decisión que define la línea estratégica de la formación en esta legislatura: sentarse a negociar con el Gobierno autonómico del PP para conocer de primera mano el proyecto de Presupuesto para 2026. Lo hace, aseguran, “por seriedad y responsabilidad”, aunque la unanimidad de la reunión rezume escepticismo y crítica tras constatar lo que describen como “incumplimientos reiterados” de los acuerdos del PP para las cuentas de 2024 y 2025. Paula Fernández Viaña, portavoz regionalista y principal cara visible en esta nueva etapa tras Revilla, compareció arropada por los alcaldes Javier López Estrada (Torrelavega), Pablo Diestro (Reocín) y José Antonio Cobo (San Felices de Buelna) para detallar las conclusiones de un debate “sosegado y tranquilo” acerca del estado de los servicios esenciales en la comunidad y el resultado de gestiones del Ejecutivo autonómico.
Fernández Viaña no se mordió la lengua: el análisis colectivo giró en torno a los “temas prioritarios que afectan a los cántabros”, con especial énfasis en una sanidad pública aquejada de “listas de espera interminables”, centros de salud sin construir ni rehabilitar, el “desmantelamiento” de hospitales comarcales y las serias carencias en atención rural. La candidata fue especialmente tajante en asuntos como la falta de inversiones para médicos de familia, matronas y pediatras, mentando además los retrasos en el programa de detección precoz de cáncer de mama que, a su juicio, ilustran la “falta de capacidad y el ritmo lento del Gobierno”. En educación, el PRC denunció una “conflictividad inédita en la última década”, insuficiencia de plazas en escuelas rurales y el cierre de centros emblemáticos, mientras en materia industrial y rural se centró en el nulo avance del polígono de La Vega de Reinosa y la falta de presupuesto ejecutado en prevención de incendios forestales.
La dirección regionalista subrayó que su apoyo ha permitido a Cantabria disponer de los dos presupuestos más altos de su historia, pero lamenta que esto no se haya traducido en mejoras: “la peor gestión que se recuerda en la comunidad”, denuncian. Los miembros de la Ejecutiva presentes insistieron en que, aunque la actitud “plegada a Madrid” de la presidenta María José Sáenz de Buruaga y la ausencia de reivindicación de los intereses cántabros preocupan, el PRC asume el diálogo como garantía de responsabilidad política: “Somos un partido serio y responsable y, por eso, nos sentamos a escuchar”. Sin embargo, admiten desconocer todavía cualquier detalle sobre el nuevo Presupuesto y esperan que, en los próximos días, se convoque el primer encuentro entre las delegaciones negociadoras.
La decisión del PRC, lejos de mostrar unidad sin fisuras, ha revelado el pulso interno entre quienes apuestan por una posición más beligerante y los alcaldes que prefieren mantener la vía abierta a la interlocución con el Ejecutivo actual, conscientes de la necesidad de inversiones para sus municipios y el riesgo de que el PP pueda buscar apoyos alternativos como Vox. Paula Fernández, heredera política de reivindicaciones tradicionales regionalistas, subrayó ante los periodistas que “el Gobierno del PP ha hecho la peor gestión de la historia; no cumplen, porque o no saben o no pueden”.
Entre lo “bélico” y lo “conciliador”, la Ejecutiva regionalista perfila así una estrategia donde la crítica abierta y el debate interno conviven con la decisión firme de no cerrarse a la negociación, especialmente en un contexto preelectoral en el que los pactos pueden determinar la configuración del próximo Gobierno autonómico. El PRC no oculta la inquietud por los incumplimientos en pequeños proyectos municipales ni el malestar por el deterioro de grandes pilares como la sanidad, la educación y el mundo rural, pero insiste en la importancia de escuchar las propuestas presupuestarias antes de cerrar cualquier puerta. De momento, el partido regionalista vuelve a marcar distancias, pero deja abierta la posibilidad de diálogo al Partido Popular, fiel a su histórico papel de interlocutor crítico pero responsable en la política de Cantabria.
