La Fundación Diagrama ha comunicado a su plantilla en Cantabria que dejará de hacerse cargo de la atención a menores extranjeros no acompañados al considerar que la gestión de estos centros ya no resulta “rentable” desde un punto de vista económico. Así lo ha denunciado este lunes Comisiones Obreras (CCOO), que ha pedido al Ejecutivo autonómico que asuma directamente esta competencia a través del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS).
El sindicato ha reclamado al Gobierno cántabro que se implique de manera inmediata para garantizar la continuidad de una prestación que consideran “esencial y de carácter público”. Según CCOO, se trata de un servicio “fundamental para la cohesión social”, y advierten de que “no puede dejarse en manos de los intereses económicos de las empresas que gestionan este tipo de recursos”. La organización sindical ha insistido además en la necesidad de proteger los puestos de trabajo de los empleados de la fundación y evitar traslados forzosos a otras comunidades.
Tras conocerse la decisión de Diagrama, la directora del ICASS, Carmen Arce, ha lanzado un mensaje de calma y ha asegurado que el Gobierno de Cantabria “mantendrá en todo momento la atención integral a los menores tutelados”. En unas declaraciones remitidas a los medios, Arce señaló que “la ley obliga a las entidades que no renuevan su concierto a seguir prestando el servicio durante un año más desde la fecha de finalización”, lo que permitirá al Ejecutivo “disponer del tiempo necesario para reorganizar el dispositivo de atención sin interrupciones”.
Arce ha indicado que ya se trabaja en alternativas para garantizar que los jóvenes extranjeros bajo tutela autonómica sigan recibiendo acompañamiento y protección “en condiciones dignas y estables”. También ha puesto en valor el trabajo desarrollado por la Fundación Diagrama desde 2012, destacando “la implicación y profesionalidad demostrada por su personal a lo largo de estos años”.
“La protección de los menores y su bienestar son una prioridad absoluta para este Gobierno”, subrayó la responsable del ICASS, quien avanzó que se actuará “con responsabilidad y coordinación” entre las distintas consejerías implicadas.
Por su parte, CCOO ha recordado que lleva tiempo solicitando una reunión con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad para analizar la situación del sector y abordar los problemas que, según el sindicato, “se repiten con frecuencia, como colapsos o falta de recursos humanos suficientes”. La responsable del área de Enseñanza de CCOO en Cantabria, Pilar Sánchez, ha insistido en que seguirán defendiendo tanto los derechos laborales de los trabajadores afectados como la calidad del servicio que se ofrece a los menores.
“La atención a estos chicos no puede quedar sujeta a criterios económicos; hablamos de un servicio público esencial que el Gobierno debe asegurar, más allá de quién lo gestione”, concluyó Sánchez.
