La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de Cantabria, que dirige Begoña Gómez del Río, ha recibido esta semana la notificación oficial de los primeros nueve expedientes de menores migrantes no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla. Seis de estos expedientes corresponden a menores de Canarias, dos a Ceuta y uno a Melilla. No obstante, el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) ha presentado alegaciones a estas notificaciones, cuestionando el rigor y la previsión con los que, a su juicio, el Gobierno de España está gestionando este proceso.
El Ejecutivo autonómico ha expresado su preocupación ante la falta de datos concretos sobre el número total de menores que podrían ser trasladados a Cantabria y sobre los procedimientos que se seguirán para su recepción y acogida. Esta incertidumbre dificulta la planificación y organización de los recursos necesarios para garantizar una atención adecuada y acorde con las necesidades de protección de estos menores. Además, desde Cantabria se ha solicitado que las primeras derivaciones se realicen hacia aquellas comunidades autónomas que históricamente han recibido un mayor volumen de menores migrantes, tal y como establece el Real Decreto-ley 2/2025, que regula medidas urgentes para proteger el interés superior de la infancia en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias.
La consejera Begoña Gómez del Río manifestó que, hasta la fecha, no hay claridad sobre las fechas de traslado de estos primeros menores y que se están tramitando los procedimientos para poder recibirlos. En cuanto a los centros de acogida, explicó que serán seleccionados en función del número de menores que lleguen en cada momento, siempre dentro del marco de los servicios de protección social disponibles en la comunidad. La necesidad de flexibilidad en la planificación ha llevado a modificar la normativa autonómica para incluir residencias de acogida provisional y emergencia, capaces de adaptarse a llegadas masivas sin perder la calidad y el nivel de atención requeridos.
La Consejería ha insistido una y otra vez en la falta de coordinación, transparencia y comunicación por parte del Gobierno central respecto a los cupos asignados y los procesos operativos, lo que ha motivado la presentación de estas alegaciones y solicitudes de rectificación. Para Cantabria es fundamental contar con “claridad, coordinación y financiación” porque, tal y como subrayó la consejera, “no se puede trabajar a ciegas en un asunto tan delicado como la protección de la infancia”. Asimismo, reiteró el compromiso de la región para cumplir con sus responsabilidades aunque reclamó que no se permita que se haga de manera improvisada e informada insuficientemente.
Esta situación ha generado una dinámica de incertidumbre que afecta tanto a los organismos públicos implicados como a la sociedad en general, que demanda una gestión seria y planificada para atender a estos menores en situación de vulnerabilidad. Cantabria ha dejado claro su rechazo al modelo de reparto actual y ha recurrido la decisión para exigir un procedimiento más justo y coordinado, que garantice la protección eficaz de la infancia y el bienestar de los menores migrantes no acompañados a su llegada a la comunidad autónoma.
El escenario actual pone de manifiesto el desafío creciente que supone la llegada de menores en situación irregular para las administraciones territoriales, que deben adaptar sus recursos y capacidades para dar una respuesta adecuada. La experiencia cántabra sirve como ejemplo de la importancia de insistir en la cooperación entre administraciones y la necesidad de diseñar estrategias que permitan una acogida digna, personalizada y que respete los derechos fundamentales de estos niños y adolescentes.
