El Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, ha confirmado la extracción de 21 ejemplares de lobo hasta el momento dentro del Plan de Gestión para la temporada 2025/2026. Esta actuación forma parte del cupo autorizado de 41 lobos fijado por la resolución publicada en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) el pasado 2 de abril.
Los animales abatidos pertenecen a diferentes manadas distribuidas en seis zonas del territorio cántabro. Concretamente, se han contabilizado cinco ejemplares extraídos en la comarca de Campoo, cinco en el Besaya, cuatro en el Saja, cinco en Nansa, uno en Asón-Miera y otro en la denominada zona 2 del plan. A estos datos se suman tres lobos fallecidos por atropello, alcanzando un total de 24 bajas desde que se puso en marcha el plan vigente, cuya validez se extiende hasta junio de 2026.
La consejera María Jesús Susinos ha precisado que, aunque en una actualización anterior se mencionaron cinco atropellos mortales, finalmente se ha confirmado que dos de los animales implicados eran perros, tras realizar las correspondientes pruebas biológicas.
Durante una visita reciente a la comarca de Campoo, Susinos ha recordado que en esta zona, considerada la más afectada por la presencia del lobo, se registraron el pasado año unos 500 ataques certificados a ganado. Esto representa aproximadamente un 20% del total de ataques contabilizados en toda la región.
Según los datos aportados por la consejera, en 2024 se produjeron en Cantabria 2.681 ataques atribuibles al lobo, que se saldaron con la muerte de 3.233 animales y 207 más resultaron heridos.
Ante esta situación, Susinos ha reiterado el compromiso del Ejecutivo regional con el mantenimiento de la ganadería extensiva mediante un control racional de la población de lobos. “En Cantabria ni el Gobierno ni los ganaderos queremos exterminar al lobo. Lo que reclamamos es una gestión equilibrada que permita la convivencia, como se ha hecho durante generaciones”, ha afirmado.
La consejera ha insistido en que el objetivo no es erradicar la especie, sino aplicar medidas de control que permitan reducir los daños y garantizar la sostenibilidad de las explotaciones ganaderas, especialmente en las zonas rurales más vulnerables.
