La regulación de las viviendas turísticas en Cantabria ha abierto un nuevo frente político entre el Gobierno regional y los ayuntamientos, tras una reunión convocada esta semana por el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, que solo congregó a 30 de los 102 municipios. Ausencias significativas como la de Noja y las críticas posteriores de alcaldes de distintos signos políticos reflejan el malestar generalizado con un decreto que muchos consideran «un parche».
Un modelo fracturado
El PSOE, a través de su vicesecretaria general y alcaldesa de Castro Urdiales, Susana Herrán, ha exigido un «criterio homogéneo» para evitar que cada municipio improvise su propia normativa. «No puede haber 102 reglas diferentes. Esto está afectando al acceso a la vivienda y a la cohesión social», denunció Herrán, quien criticó que el texto no limite licencias en zonas tensionadas ni ofrezca recursos para inspecciones.
Desde el PRC, Javier López Marcano fue más contundente: «El decreto no sirve para nada. Desvía competencias turísticas que los ayuntamientos no tienen». El regionalista destacó que la inclusión de personas jurídicas como titulares de VUT podría atraer «fondos que compren edificios enteros», mientras reprochó al Gobierno no haber reforzado –pese a su compromiso– la inspección turística con seis nuevos técnicos.
Zonas tensionadas: la batalla pendiente
Herrán insistió en declarar zonas tensionadas en Castro Urdiales y Comillas, donde el alquiler turístico ha disparado los precios: «No hacerlo agrava la crisis de acceso a la vivienda». Una petición que choca con la oposición frontal del Ejecutivo regional, cuyo consejero admitió que estas decisiones «pueden costar votos» pero son competencia municipal.
Falta de coordinación
Ambos partidos coincidieron en señalar la «improvisación» de un decreto que entró en vigor antes de dialogar con los ayuntamientos. López Marcano recordó que las aportaciones durante la fase de información pública «fueron ignoradas», mientras Herrán alertó de la «sobrecarga burocrática» para consistorios que deberán asumir controles «sin refuerzos».
¿Solución o parche?
Mientras el Gobierno insiste en que dará «formación y apoyo» a los municipios, la oposición exige medidas más contundentes: desde un registro autonómico de VUT hasta incentivos para vivienda pública. La polémica evidencia el difícil equilibrio entre regular el turismo –12% del PIB regional– y evitar que municipios con menos recursos carguen con el coste de una normativa que, hoy por hoy, parece satisfacer a pocos.
