El Gobierno de Cantabria ha iniciado la aplicación del nuevo decreto sobre viviendas de uso turístico con más incertidumbres que certezas. La reunión convocada por la Consejería de Turismo este lunes para explicar el contenido y la aplicación práctica del decreto apenas logró congregar a una treintena de representantes municipales de los 102 ayuntamientos cántabros, un dato que evidencia la tibia acogida y la preocupación generalizada en torno a una normativa que plantea serias dificultades en su ejecución.
El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, trató de calmar las inquietudes asegurando que su departamento ofrecerá apoyo técnico y administrativo tanto a los ayuntamientos como a los propietarios de viviendas para facilitar la adaptación a los nuevos requisitos, que entraron en vigor el pasado 25 de julio. Sin embargo, la reunión, que tuvo lugar en el salón de actos del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria y que comenzó con retraso y finalizó tras poco más de una hora, no disipó las dudas. Al término del encuentro, fueron varios los alcaldes que expresaron su descontento, asegurando que no se les había aclarado absolutamente nada y que se sentían abandonados con un problema de difícil gestión.
La fecha elegida para la reunión, en pleno mes de agosto, fue uno de los factores que justificaron la baja participación. Algunos representantes se encontraban de vacaciones y otros, especialmente del sur de Cantabria, se vieron obligados a regresar a sus municipios debido a los atascos en la autovía de la Meseta. Entre las ausencias destacadas se encontraba la de municipios como Noja, uno de los más afectados por la proliferación de viviendas turísticas en los últimos años, cuya ausencia fue interpretada como un síntoma de la desconexión entre el Gobierno regional y los territorios más presionados por este fenómeno.
El nuevo decreto establece un plazo de ocho meses para que las 6.475 viviendas turísticas registradas en la región se adapten a las exigencias del nuevo marco legal. No obstante, muchos de los ayuntamientos ni siquiera disponen todavía de las herramientas normativas necesarias para emitir los certificados exigidos, como el de compatibilidad urbanística, lo que genera una situación de bloqueo que, según varios regidores, terminará por llevar a muchos municipios a esperar a ver cómo actúan otros de mayor referencia, como Santander.
Precisamente en Santander se concentran alrededor de 2.000 viviendas turísticas, muchas de las cuales podrían quedarse fuera de juego por no cumplir los requisitos urbanísticos exigidos. En ese contexto, crece la inquietud entre los propietarios, y no son pocos los que ya prevén una avalancha de demandas judiciales al considerar que se verán privados de una fuente de ingresos legítima.
La normativa, que afecta tanto a las viviendas ya registradas como a las nuevas solicitudes, incorpora una serie de requisitos que van desde la instalación obligatoria de detectores de humo, sistemas de control de ruido y botiquines de primeros auxilios, hasta la necesidad de obtener el permiso de la comunidad de propietarios en determinados casos. También establece un horario estándar de ocupación de las viviendas turísticas, desde las 15:00 del primer día contratado hasta las 11:00 del día de salida, salvo pacto expreso entre las partes.
Para facilitar el proceso, la Consejería se ha comprometido a enviar requerimientos a todos los propietarios registrados, comunicar a los ayuntamientos los ceses de actividad de quienes no cumplan y elaborar un protocolo de coordinación interadministrativa entre Turismo y las administraciones locales. Aun así, los municipios más pequeños, con escasos medios técnicos y humanos, enfrentan serias dificultades para aplicar con eficacia una normativa que, en muchos casos, está diseñada con una lógica más adecuada para las ciudades.
Durante el encuentro, el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria, Javier Camino, valoró positivamente la convocatoria, aunque reconoció que la reunión era solo un primer paso. Subrayó además que la aplicación del decreto no será uniforme, ya que no es lo mismo implementarlo en ciudades como Santander, Noja o Isla, que en municipios con apenas 200 habitantes. Desde la Federación, insistió en la necesidad de mantener la colaboración con la Consejería para asegurar una transición ordenada y realista.
Pese a la voluntad expresada por el Ejecutivo regional, el arranque del decreto ha estado marcado por la falta de asistencia, la crítica abierta de algunos representantes municipales y una sensación general de desorientación. Todo ello dibuja un escenario en el que el cumplimiento efectivo de la norma, lejos de ser inmediato, parece abocado a un proceso largo, desigual y, posiblemente, conflictivo.
