El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite el incidente de nulidad presentado por la defensa del juez Luis Acayro Sánchez, condenado recientemente a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación judicial dolosa. El recurso, interpuesto ante la Sala de lo Penal, cuestiona la legalidad de la sentencia dictada el pasado mes de junio y solicita su anulación, así como la absolución completa del magistrado.
Según el escrito presentado por sus abogados, la resolución del Supremo habría incurrido en una vulneración de derechos fundamentales, al introducir como hechos probados elementos que, aseguran, habían sido previamente descartados por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que en su día impuso a Acayro una pena menor de cinco años. En ese primer fallo se contemplaba la existencia de un error de prohibición, que fue suprimido posteriormente por el TS, al considerar que actuó “a sabiendas de su injusticia”.
La sentencia del Supremo, aprobada por tres votos frente a dos, ha supuesto para el juez la pérdida de su cargo al frente del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santander, además de la inhabilitación especial para ocupar cualquier puesto público durante una década. Mientras tanto, su defensa también ha solicitado la suspensión de la ejecución de la pena, argumentando que no fueron notificados oficialmente antes del inicio del proceso de cumplimiento.
Acayro fue condenado por dictar resoluciones presuntamente injustas en perjuicio del abogado cántabro José María Real Campo, en el marco de una disputa relacionada con el Ayuntamiento de Castañeda. El caso ha tenido una amplia repercusión debido al historial del magistrado, conocido por su intervención en más de una veintena de causas vinculadas con la corrupción urbanística en Cantabria. Su entorno ya ha adelantado que, en caso de que el incidente de nulidad sea rechazado, se acudirá al Tribunal Constitucional.
