El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido este martes la decisión del Tribunal Constitucional de mantener, por el momento, la suspensión de la ley que derogaba la normativa cántabra de Memoria Histórica y Democrática. Se trata de una medida cautelar adoptada el pasado 10 de junio, cuando el pleno del alto tribunal aceptó a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno central contra dicha derogación.
La ley recurrida fue aprobada por el Parlamento de Cantabria en noviembre de 2023, con los votos del Partido Popular —impulsor de la norma— y Vox, y con el rechazo del PSOE y el PRC. Con su entrada en vigor, quedaba sin efecto la Ley 8/2021 de Memoria Histórica y Democrática, aprobada durante la pasada legislatura.
La decisión de mantener la suspensión fue respaldada por la mayoría progresista del tribunal (siete magistrados), frente a cinco votos en contra del bloque conservador. Entre estos últimos, los magistrados Enrique Arnaldo y Concepción Espejel emitieron un voto particular en el que criticaron duramente el fallo, al considerar que no está suficientemente motivado y que contradice la propia doctrina del Constitucional.
El auto supone la prórroga de la paralización de la Ley 1/2024, de 8 de noviembre, hasta que se resuelva sobre el fondo del recurso. Esta suspensión se produce en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que permite al Ejecutivo central frenar temporalmente una norma autonómica si considera que vulnera la Carta Magna, mientras el tribunal analiza su constitucionalidad.
