El funcionario del Servicio de Carreteras Autonómicas investigado por su presunto papel en la conocida como “trama de Obras” no se reincorporará a su puesto en la Consejería de Fomento hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso que interpondrá el Gobierno de Cantabria contra la sentencia que anuló su suspensión.
Así lo ha confirmado el consejero de Fomento, Roberto Media, quien ha afirmado que el Ejecutivo será “muy prudente” y respetará los plazos judiciales. “La instrucción del caso sigue abierta y queda mucho recorrido por delante”, ha señalado en declaraciones remitidas a los medios.
La decisión se produce tras conocerse el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que estima el recurso presentado por el funcionario, identificado como M.A.D., contra la resolución administrativa que le apartó del cargo en mayo de 2023, cuando el anterior Gobierno regional (PRC-PSOE) le suspendió provisionalmente por su presunta implicación en un caso de adjudicaciones irregulares.
Una suspensión anulada por superar el plazo legal
El TSJC ha declarado nula la resolución que prorrogaba su suspensión, al entender que esta medida solo podía mantenerse durante seis meses, al tratarse de una cautelar de naturaleza administrativa. La jueza de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander había respaldado esta suspensión, pero la Sala del TSJC ha revocado ese dictamen.
A pesar de esta resolución, el Gobierno cántabro ha decidido recurrirla en casación ante el Tribunal Supremo. “Seguimos creyendo que existen razones fundadas para mantener la suspensión”, ha defendido Media, quien ha recordado que tanto el anterior Ejecutivo como el actual han compartido esa postura.
Una causa penal compleja y en fase final
M.A.D. fue detenido en febrero de 2023 y pasó más de seis meses en prisión provisional. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, se encuentra ya en su fase final, próxima a la apertura de juicio oral.
La Fiscalía de Cantabria imputa al funcionario —junto a su mujer, hijas y empleados de tres constructoras (API, Rucecan y La Encina)— delitos de fraude en la contratación pública, cohecho, falsedad documental y blanqueo de capitales. Según el Ministerio Público, los familiares del presunto cabecilla habrían participado activamente en operaciones de lavado de dinero procedente de los supuestos sobornos.
