El Gobierno de Cantabria, junto a otras 11 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, ha exigido la dimisión inmediata del secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, por lo que consideran un grave quebranto del respeto institucional en la última Comisión Sectorial de Medio Ambiente, celebrada el pasado viernes 27 de junio.
En una carta enviada a la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, las autonomías denuncian que el Ministerio difundió a los medios un informe sobre el estado del lobo ibérico sin haberlo aprobado previamente ni debatido en el foro correspondiente. El documento, que califica como “desfavorable” el estado de conservación de la especie, había sido retirado del orden del día y su discusión pospuesta al 11 de julio.
La consejera cántabra de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, ha calificado el comportamiento del Ministerio y de Morán como “impresentable” y “radical”, acusándolos de actuar con sesgo ideológico y de jugar con los datos para “contentar a los ecologistas más radicales”.
Según Susinos, este es otro ejemplo de la falta de lealtad institucional del Ministerio, que a su juicio “no respeta ni los acuerdos ni los procedimientos”, y que parece decidido a reinstaurar la inclusión del lobo en el LESPRE (Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial).
La consejera defiende que Cantabria ha gestionado correctamente la población del lobo, destacando que en los últimos años la comunidad ha duplicado el número de manadas, pasando de 12 a 23, lo que en su opinión demuestra que “la especie está en perfecto estado de conservación”.
Además, Susinos ha lamentado que desde el Ministerio se haya insinuado que Cantabria realiza controles en época reproductora, lo cual “es falso y solo alimenta la confrontación”. Recuerda que todas las actuaciones del Gobierno regional han sido avaladas por los tribunales y que los controles poblacionales se ajustan a la legalidad, como han ratificado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y la Fiscalía, que ha archivado denuncias recientes al no apreciar delito alguno.
La petición de cese a Hugo Morán está respaldada por las comunidades de Galicia, Asturias, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Castilla y León, y las ciudades de Ceuta y Melilla. Todas coinciden en que lo sucedido rompe el respeto entre administraciones y pone en entredicho el funcionamiento normal de los órganos colegiados.
