El Ayuntamiento de Santander ha lanzado el proceso de consulta pública previa a la elaboración de la ordenanza que regulará la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad. La ciudadanía y las entidades interesadas disponen de un plazo de diez días hábiles, a partir del miércoles, para remitir sus aportaciones a través del portal web municipal.
Así lo ha anunciado el concejal de Movilidad Sostenible, Agustín Navarro, quien ha subrayado que esta fase inicial pretende recoger sugerencias y comentarios antes de llevar el texto a la Junta de Gobierno Local, donde se iniciará su tramitación formal.
La futura normativa tiene como objetivo principal mejorar la calidad del aire en la ciudad y contribuir a la lucha contra el cambio climático, además de favorecer una movilidad más respetuosa con el entorno. También busca avanzar en la reducción del ruido urbano, promover el uso de transportes sostenibles y reorganizar el espacio público dando prioridad a peatones y medios no contaminantes.
Tras la aprobación en Junta, el documento pasará por la Comisión de Desarrollo Sostenible, donde los grupos políticos podrán presentar enmiendas que serán debatidas antes de su aprobación inicial en Pleno. Posteriormente, se abrirá un periodo de exposición pública de 30 días una vez se publique en el Boletín Oficial de Cantabria. Si no se presentan alegaciones, la ordenanza quedará aprobada de forma definitiva en el siguiente Pleno.
Paralelamente, el Ayuntamiento tiene previsto presentar en breve el proyecto técnico de la ZBE, en el que se delimitarán las áreas afectadas y se detallarán las medidas específicas. Ese documento también se someterá a información pública.
Navarro ha explicado que el contenido de la ordenanza establecerá tanto el marco legal como las herramientas para gestionar y supervisar el funcionamiento de la ZBE. Entre las medidas previstas figuran restricciones al tráfico, señalización específica y coherencia con la planificación urbana ya existente.
El edil ha insistido en que esta normativa se ajusta a las exigencias legales estatales y permitirá afrontar una transformación estructural en la movilidad urbana, con el fin de reducir las emisiones contaminantes del transporte y proteger la salud de los vecinos.
