Cantabria ha reafirmado este lunes, durante la reunión extraordinaria del pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, su compromiso con la protección de los menores migrantes no acompañados, aunque ha advertido que la solidaridad no puede ir desligada de la responsabilidad, la transparencia y el diálogo institucional.
La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Río, ha reclamado al Ejecutivo central una política migratoria seria y planificada, en la que no se impongan decisiones de forma unilateral y sin datos claros. “Cantabria no se niega a colaborar, pero no vamos a aceptar repartos impuestos sin información, sin planificación y sin recursos”, ha señalado con contundencia.
Durante su intervención, Gómez del Río ha acusado al Gobierno de España de falta de previsión y de haber eludido su responsabilidad en esta materia. “Ni siquiera ha atendido a más de 1.000 menores solicitantes de asilo que el Tribunal Supremo le obliga a proteger”, ha lamentado, afeando al Ejecutivo nacional que derive la carga de la gestión a las comunidades autónomas.
La consejera ha criticado la ausencia de documentación previa y la falta de respuesta a las peticiones de información por parte de varias autonomías. “No se ha facilitado ni un dato que permita elaborar un calendario de acogida, ni se han explicado los criterios de reparto previstos en el Real Decreto”, ha dicho. Además, ha considerado “inaceptable” que se convoque una reunión de esta naturaleza sin haber activado antes los canales ordinarios de coordinación, como la comisión sectorial previa.
Pese a todo, Gómez del Río ha defendido la “posición firme y constructiva” del Gobierno cántabro. “Estamos dispuestos a acoger menores desde una perspectiva solidaria y humanitaria, pero necesitamos garantías, planificación y financiación. No podemos poner en riesgo un sistema de protección que se ha levantado con mucho esfuerzo y que funciona gracias a la implicación de profesionales y entidades sociales”, ha explicado.
La consejera también ha recordado que desde 2022 Cantabria viene reclamando una política migratoria integral y con visión de Estado, que actúe en origen y priorice la reunificación familiar. “Estos menores no son números ni mercancía. Son niños que huyen del hambre, la pobreza y la violencia, y merecen ser tratados con dignidad”, ha subrayado.
Tras dos recesos, la Conferencia Sectorial finalizó sin que las comunidades autónomas pudieran expresar su posicionamiento mediante una votación, un desenlace que ha generado malestar entre varios gobiernos autonómicos, entre ellos el cántabro.
