La decisión del Gobierno de Cantabria de comenzar las extracciones de lobos previstas en la orden del pasado 2 de abril ha provocado las primeras consecuencias políticas dentro del ámbito conservacionista. Ecologistas en Acción Cantabria y la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA) han anunciado su salida del Grupo de Trabajo constituido en el marco de la Mesa del Lobo para redactar el nuevo Plan de Gestión de la especie.
Ambas organizaciones justifican su decisión en el hecho de que ya se ha constatado, al menos, la muerte de un ejemplar por disparos en la comarca de Campoo-Los Valles, algo que consideran una ruptura del compromiso adquirido por la Consejería de Desarrollo Rural, encabezada por María Jesús Susinos, de avanzar de forma consensuada hacia una nueva estrategia de gestión del lobo en la región.
“Nos retiramos al comprobar que se ha actuado al margen del grupo, matando lobos sin haber respondido siquiera a los recursos que presentamos contra la orden de extracciones”, han denunciado en un comunicado conjunto. A su juicio, la Consejería “ha decidido actuar por su cuenta”, lo que convierte en “puro teatro” la supuesta participación de entidades conservacionistas en el proceso de elaboración del nuevo plan.
La orden, aprobada el 2 de abril, autoriza la muerte de 41 ejemplares, lo que representa aproximadamente un 20% de la población estimada en Cantabria, según el último censo oficial. Sin embargo, tanto ARCA como Ecologistas en Acción ponen en duda la fiabilidad de esos datos, y aseguran que el Ejecutivo regional “ha inflado de forma sistemática los ataques atribuidos al lobo” mientras “ni ha gestionado adecuadamente las ayudas a ganaderos ni ha adoptado medidas preventivas eficaces”.
Critican también que el anuncio del inicio de las extracciones se haya hecho de manera “opaca” y sin comunicar el número de lobos abatidos. “Se recurre al eufemismo de ‘extracción’ para ocultar una matanza en plena época reproductora, lo que puede comprometer la supervivencia de las manadas”, alertan. WWF también ha condenado el comienzo de estas actuaciones por producirse “en la época más sensible para la especie”.
Las entidades ecologistas subrayan que, en pleno siglo XXI, es posible compatibilizar la ganadería extensiva con la conservación del lobo ibérico, “pero eso exige voluntad política y un enfoque técnico basado en la ciencia y no en intereses electorales”.
Ante la situación actual, ARCA y Ecologistas en Acción anuncian que recurrirán a “todos los mecanismos legales disponibles” para tratar de frenar lo que consideran “una actuación ilegal y contraria a las evidencias científicas”. Además, insisten en que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) obliga a las administraciones a garantizar su conservación y expansión, y no su reducción mediante métodos letales.
Con su salida del Grupo de Trabajo, ambas organizaciones dan por roto el proceso participativo abierto por el Gobierno regional y acusan directamente a la Consejería de priorizar “intereses políticos” sobre la gestión rigurosa de una especie emblemática y clave para los ecosistemas del norte peninsular.
