Cantabristas ha presentado alegaciones formales contra el anteproyecto de la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo del Gobierno de Cantabria, al considerar que se trata de una normativa “chapucera e inoperante”. Según la formación política, el texto presenta una serie de errores y duplicidades que perjudicarían gravemente la operatividad de las empresas navieras cántabras. En este sentido, critican que la ley no responda a las necesidades económicas ni sociales del sector, sino que se enfoque en aspectos sancionadores que más bien parecen un mecanismo recaudatorio.
El partido cantabrista también ha destacado la falta de alineación de la ley con los acuerdos internacionales en materia de seguridad y sostenibilidad, tales como el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar (SOLAS 1974) y el Real Decreto 1247/1999. Según su equipo jurídico, las incongruencias burocráticas obligarían a los armadores a duplicar esfuerzos administrativos de forma innecesaria, lo que iría en contra de los principios de eficiencia y eficacia que deberían regir la legislación.
Asimismo, Cantabristas ha denunciado la “evidente falta de consulta” con los actores clave del sector, como operadores marítimos, autoridades portuarias y asociaciones profesionales. El partido considera que la ausencia de colaboración y orientación técnica en la elaboración del anteproyecto dificulta una regulación efectiva y adaptada a la realidad del transporte marítimo en Cantabria, y solicita que se realice una revisión exhaustiva del mismo.
