El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado la salida del lobo ibérico del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), una decisión que permitirá a las comunidades autónomas con presencia de la especie –Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria– retomar el control de su población. Esta medida, respaldada por PP, Vox, EAJ-PNV, Junts y UPN, revierte la prohibición de caza establecida por el Ministerio para la Transición Ecológica hace tres años y medio.
La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha calificado la decisión como una «gran victoria» para los cántabros. «La democracia se ha impuesto frente al autoritarismo del Gobierno de Pedro Sánchez, que decidió en 2021 elevar la protección del lobo sin escuchar a los afectados», ha afirmado. Buruaga ha destacado que esta medida permitirá al Gobierno regional reactivar el Plan de Gestión del Lobo, con el objetivo de sacrificar hasta un máximo de 40 ejemplares y garantizar un equilibrio entre la conservación de la especie y la protección del sector ganadero.
Protección del sector ganadero
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, que asistió a la votación en el Congreso, ha celebrado que «por fin se hace justicia con los ganaderos y el mundo rural». Susinos ha recordado que, desde que el lobo fue incluido en el Lespre en septiembre de 2021, se han registrado 7.650 ataques y 9.700 animales muertos en Cantabria. «Estas cifras son insostenibles para nuestros ganaderos», ha subrayado.
La consejera ha insistido en que el objetivo no es acabar con el lobo, sino garantizar una coexistencia sostenible. «Defendemos un modelo de gestión basado en el control poblacional, que permita mantener la ganadería extensiva, un sector fundamental para nuestra economía», ha explicado.
Un debate polémico
La salida del lobo del Lespre se ha logrado a través de una enmienda introducida por el Grupo Popular en el Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. El PP justificó esta medida argumentando que los ataques de lobo generan un impacto significativo en el sector ganadero, con más de 14.000 reses muertas al año y un desperdicio de 4 millones de kilos de carne.
Aunque la enmienda ha sido criticada por su conexión tangencial con el tema principal de la ley, ha recibido un amplio respaldo parlamentario. Solo Podemos y Bildu se han opuesto, mientras que el resto de grupos han apoyado la medida, destacando la necesidad de proteger a los ganaderos del norte del país.
Próximos pasos
Con la aprobación de esta medida, el Gobierno de Cantabria podrá retomar su Plan de Gestión del Lobo, que había quedado paralizado tras la inclusión de la especie en el Lespre. Este plan permitirá controlar la población de lobos y reducir los daños en las explotaciones ganaderas, garantizando al mismo tiempo la conservación de la especie.
La presidenta Buruaga ha reiterado su compromiso con el sector primario y ha asegurado que Cantabria seguirá trabajando para «devolver la normalidad a una convivencia que nunca debió ser alterada por intereses políticos». Con esta decisión, se espera que el equilibrio entre la conservación del lobo y la protección del ganado sea restaurado, beneficiando tanto a la biodiversidad como a la economía rural.
