Los comités de empresa de RENFE y del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) han convocado siete jornadas de huelga a nivel nacional, que comenzarán el 17 de marzo y continuarán los días 19, 24, 26 y 28 de marzo, además del 1 y el 3 de abril, en protesta por el incumplimiento del acuerdo alcanzado con el Ministerio de Transportes sobre el futuro de los Rodalies (cercanías de Barcelona) y RENFE Mercancías.
En Cantabria, la huelga afectará a 700 trabajadores de los 28.000 que integran ambas compañías a nivel nacional. Además, los sindicatos han convocado una concentración de protesta el 17 de marzo a las 11:00 horas en la Plaza de las Estaciones de Santander.
Denuncian vulneración de acuerdos y privatización encubierta
Los sindicatos (UGT, SEMAF, CCOO, CGT y Sindicato Ferroviario en RENFE, y CCOO, UGT y CGT en ADIF) acusan al Ministerio de Transportes de incumplir los compromisos adquiridos en noviembre de 2023, cuando se desconvocó una huelga similar. Dicho acuerdo garantizaba que RENFE y ADIF seguirían prestando los servicios de Rodalies y RENFE Mercancías, el mantenimiento de las plantillas y la creación de un grupo de trabajo para buscar soluciones consensuadas.
Sin embargo, en una reunión celebrada el pasado 17 de febrero, el Ministerio anunció la exclusión de la línea R-1 de Rodalies de la Red Ferroviaria de Interés General, con la intención de traspasarla a la Generalitat de Cataluña, lo que los sindicatos consideran un primer paso hacia la desintegración del servicio público.
Además, denunciaron la creación de una empresa mixta, ajena a RENFE y ADIF, para asumir actividades operativas y lo que califican como una «privatización encubierta» de RENFE Mercancías, a través de una sociedad controlada por la compañía logística MSC.
Servicios mínimos «abusivos» y deterioro de la empresa pública
Los órganos sindicales también han criticado la imposición de servicios mínimos «abusivos» por parte de las empresas, sin consenso con los comités de huelga. Asimismo, acusan a la dirección de RENFE y ADIF de implementar una estrategia de deterioro de la empresa pública, impidiendo a los comerciales captar nuevos clientes y bloqueando la operatividad de los trenes.
Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla los acuerdos firmados, detenga el proceso de externalización y garantice la continuidad del servicio público ferroviario en todo el territorio nacional.
