La Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria y el Colegio Profesional de Educación Social de Cantabria (Copescan) han llevado a cabo hoy una concentración a las puertas de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, en Santander, para expresar su condena y repulsa por el asesinato de una trabajadora de un centro de menores en Badajoz.
Durante la concentración, Conchi Sánchez e Irene Maestro, secretaria general de CCOO en Cantabria y presidenta de Copescan, respectivamente, mostraron su consternación por el trágico suceso y trasladaron sus condolencias a la familia de la trabajadora asesinada. Ambas coinciden en señalar la responsabilidad de las empresas, fundaciones y administración por la precariedad laboral y la inseguridad existente en los centros de menores, tanto en Cantabria como en el resto de España.
“Esta muerte se ha producido por la negligencia de las empresas y fundaciones, pero también de la administración, que es la encargada de asegurar que se cumplan los pliegos de contratación y evitar la precarización de las condiciones”, afirmó Conchi Sánchez.
Por su parte, Irene Maestro destacó que desde el Colegio de Educación Social de Cantabria se lleva tiempo denunciando la precaria situación laboral en los centros sociales. «Venimos unidas a denunciar algo que hemos puesto sobre la mesa en todas las reuniones con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), que es la precariedad laboral que sufren los trabajadores del ámbito social en Cantabria», expresó.
Además, Sánchez señaló que desde CCOO llevan mucho tiempo luchando por mejorar las condiciones laborales en un sector donde los trabajadores sienten miedo y la organización resulta complicada. «Ya hace más de un mes que solicitamos una reunión con la consejera de Inclusión Social, Begoña del Río, mucho antes de este trágico suceso, y aún no hemos recibido respuesta», añadió Sánchez, quien destacó las dificultades diarias a las que se enfrentan los trabajadores de estos centros.
Entre los problemas denunciados se encuentran la falta de personal, el incumplimiento de ratios, turnos nocturnos y de fin de semana con solo una persona trabajando, y la ausencia de profesionales especializados como los de la educación social. Todos estos déficits son aún más graves dado que los centros de menores son lugares donde se trabaja directamente con menores.
Finalmente, Irene Maestro destacó la diferencia entre las condiciones laborales en los centros públicos y los privados concertados, que también reciben financiación pública. “Aunque se cumplen los mínimos, la administración debe velar por que los derechos laborales sean los mismos en todos los centros. No se puede hablar del interés superior del menor si las condiciones laborales son malas y precarias”, concluyó.
