El Gobierno de Cantabria ha enviado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) los informes necesarios para justificar la realización de controles poblacionales de lobo en la Sierra de El Caballar y en la Costa Occidental de la región. Los municipios afectados por estos controles serían Santa María de Cayón, Castañeda, Villafufre, Val de San Vicente y San Vicente de la Barquera.
La consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, explicó que, junto a los informes, se ha incluido «numerosa documentación que avala la idoneidad y pertinencia de los controles». Según el informe de la Dirección General de Montes, no existe una alternativa satisfactoria al control poblacional en estas zonas, ya que la dispersión de ejemplares jóvenes hacia áreas con menos ganadería y presas silvestres podría generar mayores conflictos.
MITECO tiene ahora 10 días para valorar cómo estos controles podrían afectar al estado de conservación del lobo a nivel nacional, aunque Susinos aseguró que este informe no es vinculante y desde Cantabria se defenderá la realización de los controles, considerándolos “imprescindibles” y ajustados a la normativa vigente.
El informe también señala que, según el censo de lobo recientemente finalizado en Cantabria, la población de la especie se encuentra «en un estado de conservación favorable», por lo que los controles no afectarán a su conservación ni a nivel regional ni nacional.
La consejera destacó que, a pesar de los daños que estos controles podrían causar a las explotaciones ganaderas, las características de las zonas donde se están produciendo los ataques no son adecuadas para mantener una población de lobos. En este sentido, señaló que la presencia continuada del lobo podría causar daños mayores al ecosistema que el control de un número limitado de ejemplares.
Cantabria continuará con el procedimiento para aprobar controles de lobo siempre que sea necesario y justificado, conforme a la legislación vigente, con el objetivo final de que el lobo salga del LESPRE, una zona en la que, según Susinos, no debe permanecer.
La propuesta de resolución para autorizar el control será sometida a un trámite de información pública por 10 días antes de que se dicte la resolución definitiva.
Documentación aportada:
Junto a los informes solicitados, la Consejería ha incluido un informe de la Dirección General de Montes y Biodiversidad, el censo ganadero de Cantabria, los daños causados por lobos en 2024, un plano de localización de los ataques en la zona y otros documentos complementarios que justifican la necesidad del control poblacional.
